A 28 años del crimen de las mochileras santafesinas, la Justicia vuelve a fallar

"No nos interesa el dinero, lo que nos interesaba es que él esté en la cárcel. Yo pienso que no se hizo Justicia. 12 años para una persona que violó y mató no es nada." Esas palabras son de Mari, la madre de Irina Laura Montoya, y resumen con una claridad brutal todo lo que este caso tiene de herida abierta.

Casi tres décadas después del doble crimen que sacudió al país, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó parcialmente una sentencia que obliga al asesino Eduardo Fermín Eliçabe y al empresario Leónidas Hugo Soria a indemnizar a la familia de Irina con $21.060.000 más intereses. Un número que, para la madre de la víctima, no alcanza a cubrir ni la sombra de lo que perdieron.

Irina tenía 24 años y viajaba junto a su amiga María Dolores Sánchez, de 18, desde Chañar Ladeado, Santa Fe, rumbo a la Patagonia. Era febrero de 1998 y las dos chicas hacían dedo, como hacían miles de jóvenes en aquella época. Subieron al vehículo de Eliçabe sin saber que ese hombre era un custodio de cargas que usaba su trabajo como cobertura. Lo que vino después ocurrió sobre la ruta 33, a menos de 40 kilómetros de Bahía Blanca: un ataque sexual y dos disparos que terminaron con sus vidas.

El fallo civil que acaba de confirmarse tiene un argumento que vale la pena subrayar: los camaristas Marcelo Restivo, Patricio Lombardi y Fernando Kalemkerian sostienen que Eliçabe aprovechó su condición de custodio para generar confianza en las jóvenes. Y que Soria, como dueño de la empresa de seguridad que le encomendó esa tarea, tiene responsabilidad en lo que ocurrió. Sin esa relación laboral, razona la Cámara, el crimen no habría sido posible de esa manera.

Pero hay un dato que no puede pasarse por alto y que la familia nunca pudo digerir: Eliçabe recuperó la libertad a fines de 2010, después de cumplir apenas 13 años de prisión. Había sido condenado a reclusión perpetua por homicidio doblemente agravado por alevosía y para ocultar otro delito —la violación—, pero accedió al beneficio del 2x1, vigente en aquel momento. Hoy está libre. Eso es lo que más duele.

¿Cuánto vale la vida de una chica de 24 años que quería conocer la Patagonia? La pregunta no tiene respuesta, y la familia lo sabe. Por eso el abogado de los Montoya, Alejandro Vecchi, ya anticipó que apelará ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se analice también la posible responsabilidad del Estado provincial. Según Vecchi, la empresa de Soria tenía una disposición administrativa de inhabilitación en trámite al momento del crimen, y el Ministerio de Seguridad bonaerense tenía la obligación de controlar su habilitación, los antecedentes de Eliçabe y su autorización para portar armas. Si eso es cierto, el Estado miró para otro lado.

La demanda civil había sido iniciada alrededor del año 2000. La condena penal quedó firme en 2006. Y la resolución sobre la indemnización llegó casi veinte años después. En ese tiempo, Eliçabe entró, cumplió la mitad de lo que debía y salió. La Justicia civil todavía sigue su curso. Algo en ese ritmo no cierra.

El caso de Irina Montoya y María Dolores Sánchez marcó una época. Fue uno de los primeros crímenes contra mochileras que instaló en la agenda pública el debate sobre la seguridad de las mujeres que viajaban solas o en pareja por las rutas argentinas. Casi treinta años después, la madre de Irina sigue esperando algo que ningún fallo civil puede darle: la certeza de que se hizo justicia de verdad.