Juicio Laguna Paiva II en Santa Fe: el 30 de julio llega la sentencia histórica

Cuarenta y seis años de espera tienen fecha de vencimiento: el próximo jueves 30 de julio, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictará sentencia en el juicio Laguna Paiva II, una causa que no tiene precedentes en la historia judicial argentina.

Por primera vez en el país, un tribunal juzga de manera específica la sustracción, el abandono y las agresiones sexuales padecidas por 16 niñas, niños y adolescentes durante la última dictadura militar. Los crímenes ocurrieron en 1980, en la localidad de Laguna Paiva, a apenas 40 kilómetros al norte de la capital santafesina. La mitad de las víctimas tenía entre 1 y 14 años al momento de los hechos.

"Creemos que después de 46 años de lucha y de pedido de justicia nos merecemos esta atención para cerrar una etapa tan difícil que venimos soportando, marcada por la indiferencia, el olvido y la impunidad de genocidas que circulaban con total libertad por nuestras calles", dijo Mario Páez, el hijo mayor de la familia querellante, en declaraciones a LT10. Sus palabras no son retórica: son el resumen de décadas de un dolor que el sistema judicial tardó demasiado en reconocer.

Su hermana, María Páez, fue más directa todavía: "Fue muy doloroso escuchar los testimonios de las violaciones sufridas por mi tía, mis primas y mis hermanos. Esperamos que esta sea la última vez y que haya una sentencia que nos deje conformes, lo que significaría el máximo de la pena e implique la revocación del arresto domiciliario. Quienes actuaron de manera desalmada contra criaturas indefensas deben cumplir la condena en la cárcel".

¿Qué tan grave es lo que se juzga? La causa, también conocida como Causa Chartier, investiga además secuestros, torturas y violación de domicilio cometidos contra 27 personas. No es un expediente menor: es uno de los capítulos más oscuros de la represión en la provincia de Santa Fe.

Entre los acusados hay nombres que pesan. El más resonante es el del exjuez federal Héctor Brusa, quien durante la dictadura se desempeñaba como secretario de juzgado. La querella sostuvo que su intervención fue directa: habría formado parte del grupo represivo que irrumpió en los domicilios de las víctimas, participado en las detenciones y dejado en el desamparo a los menores. Un hombre de la Justicia que, según la acusación, usó ese lugar para hacer exactamente lo contrario.

También están procesados Antonio Parvellotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santa Fe; Oscar Alberto Cayetano Valdéz, abogado y policía que ya carga con una condena a prisión perpetua por su rol en la masacre de Ituzaingó y Las Heras en 1977; y Eduardo Enrique Riuli, que ya fue condenado en la misma causa. Un cuarto imputado, Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de Laguna Paiva, murió antes de llegar al fallo.

Durante los alegatos finales, los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pidieron las penas máximas y subrayaron el valor doctrinario inédito del expediente. "Traemos la novedad del delito de abandono de personas y entendemos, con la abundante prueba colectada en los dos debates orales, que el tribunal tiene el deber histórico de hacer lugar al pedido de esta querella", señaló el representante legal de la querella.

Vale recordar que la primera condena en este proceso llegó en 2021, con el juicio Laguna Paiva I. Este segundo tramo amplió el universo de víctimas y, sobre todo, incorporó figuras penales que nunca antes habían sido aplicadas en causas de lesa humanidad vinculadas a la infancia.

El 30 de julio no es solo una fecha en el calendario judicial. Para las familias de Laguna Paiva, es el momento en que la Argentina tiene la oportunidad de decir, con una sentencia firme, que lo que le hicieron a esos chicos también fue un crimen. Que el abandono de un niño en manos de una dictadura no prescribe, no se olvida y no queda impune.