Abusó de una menor, filmó todo y lo mandó por WhatsApp: preventiva en Santa Fe

Lo que se encontró en el celular de JIHR no deja lugar a dudas. El hombre de 39 años no solo abusó de una menor: filmó el delito, lo guardó y lo compartió por WhatsApp como si fuera algo normal. Hoy está en prisión preventiva, y la causa que lo tiene encerrado es una de las más graves que contempla el Código Penal argentino.

La medida fue dispuesta este sábado por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Torres, en una audiencia celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La fiscal Natalia Giordano, quien lleva adelante la investigación, fue quien solicitó la preventiva y obtuvo el aval judicial sin mayores obstáculos.

"El magistrado consideró que la atribución delictiva está acreditada con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso penal", explicó Giordano, y agregó que el juez tuvo en cuenta que "la pena en expectativa es de prisión de cumplimiento efectivo" y que los riesgos procesales estaban latentes. En criollo: hay pruebas, la pena es grave, y el hombre podría fugarse o entorpecer la investigación si quedaba libre.

La fiscal fue precisa al describir los cargos. Al imputado se le atribuye haber producido videos con connotación sexual en los que aparecen personas menores de edad. Pero hay un caso que agrava todo: en uno de esos registros, el propio JIHR aparece cometiendo el abuso. No es solo tenencia ni distribución. Es el autor del hecho filmándose a sí mismo.

¿Cómo llegó la causa a la Justicia? Por la valentía —o quizás el espanto— de alguien que recibió esos videos por WhatsApp y decidió hacer la denuncia. Esa persona, cuya identidad se mantiene reservada, fue quien disparó la investigación. Sin esa denuncia, el hombre probablemente seguiría libre.

A partir de esa presentación, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en Saavedra al 2.000, en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento fue contundente: se secuestraron dispositivos electrónicos y también elementos físicos que aparecen en los videos, lo que permitió confirmar que el material fue producido en ese mismo domicilio. La casa era, en definitiva, la escena del crimen.

El imputado enfrenta cargos por abuso sexual, tenencia, producción y distribución de material con representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales. Se trata de delitos que en Argentina están contemplados en la Ley 13.944 y en el artículo 128 del Código Penal, con penas que pueden superar los seis años de prisión dependiendo de las agravantes.

Vale recordar que la producción y distribución de este tipo de material —conocido internacionalmente como CSAM (Child Sexual Abuse Material)— es uno de los delitos que más ha crecido en la era digital. Las redes de mensajería instantánea como WhatsApp se convirtieron en un canal de circulación que las fuerzas de seguridad monitorean cada vez con más recursos, aunque la demanda de este contenido sigue siendo alarmante.

La causa está en etapa de investigación penal preparatoria, lo que significa que aún falta camino judicial por recorrer. Pero la preventiva es una señal clara: la Justicia santafesina no va a soltar a este hombre mientras se construye el caso. Las víctimas, por su parte, merecen que ese camino se recorra con la misma velocidad y contundencia que se usó para detenerlo.