Santa Fe no impondrá el fideicomiso portuario sin consenso de la agroindustria

El gobierno de Santa Fe frenó el acelerador. La propuesta de crear un fideicomiso financiado con un aporte de u$s1,5 por tonelada para resolver el histórico déficit de infraestructura en los accesos a los puertos del Gran Rosario no avanzará hasta que exista un consenso amplio con toda la cadena agroindustrial. Así lo ratificó el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, durante su exposición en el Seminario Acsoja, realizado este martes en la Bolsa de Comercio de Rosario.

"La idea es no imponer nada, sino que salga por consenso y que el sector entienda que es la forma y la solución definitiva para los próximos 25 o 30 años", subrayó Cunha ante una platea de referentes de los distintos eslabones de la cadena sojera. El funcionario fue contundente: "Cuando no tengamos el consenso general, no vamos a avanzar con la propuesta".

La iniciativa, tal como fue diseñada, propone un aporte único por tonelada ingresada al puerto de u$s1,5, administrado por un fideicomiso con participación de empresas, municipios y la provincia. Los fondos se destinarían íntegramente a obras de mantenimiento y ampliación vial, y a cambio desaparecerían las tasas municipales que hoy gravan el tránsito pesado. El esquema apunta a resolver de manera estructural el deterioro crónico de los accesos a las terminales del cordón industrial que va de San Lorenzo a Villa Constitución, el complejo agroexportador más importante del mundo.

Sin embargo, el rechazo del sector no tardó en aparecer. Productores, acopios y cooperativas cuestionan principalmente el costo y la distribución de la carga: ¿por qué solo el agro y no otros grandes transportistas que también deterioran la red vial? Sobre ese punto, Cunha anticipó que el esquema se ampliará: también se incorporarán cargas no granarias. El funcionario se reunió este miércoles en Buenos Aires con directivos de la Federación de Acopiadores para seguir construyendo el acuerdo.

La voz más crítica en el panel fue la de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), quien calificó el aporte de "retención encubierta". Aunque aclaró que existe buen diálogo con la administración provincial y reconoció que Pullaro viene invirtiendo fuerte en infraestructura, Idígoras marcó el límite: "La infraestructura es la única condición que nos va a garantizar llegar a las 200 millones de toneladas. Podemos eliminar los derechos de exportación, pero si no tenemos infraestructura no vamos a poder mover los granos".

La frase de Idígoras no es menor. El complejo agroexportador del Gran Rosario procesa y exporta alrededor del 80% de la soja argentina, y el estado de los caminos de acceso a los puertos es una queja histórica del sector que ningún gobierno —ni provincial ni nacional— logró resolver de manera definitiva. La novedad es que Pullaro se animó a poner un esquema de financiamiento sobre la mesa, algo que sus antecesores evitaron sistemáticamente por el costo político.

Más allá del debate sobre el fideicomiso, Cunha presentó novedades sobre Pulso, la plataforma logística provincial que buscará monitorear en tiempo real el movimiento de cargas en todo el territorio santafesino. "Va a salir una resolución de la Secretaría de Transporte donde toda la carga se va a incorporar a una plataforma única", anunció el funcionario. El sistema incorporará geolocalización de viajes, información sobre el origen de cada carga y seguimiento en tiempo real, con el objetivo de construir una base de datos que permita planificar inversiones con mayor precisión. Cunha lo definió sin vueltas: "Lo que buscamos es construir el dato. Saber por dónde pasan los millones de toneladas para decidir dónde invertir".

Según el funcionario, será el primer centro de monitoreo integral online de Sudamérica, y a diferencia de sistemas anteriores, no se limitará a los accesos portuarios sino que abarcará todas las cargas que circulan por la provincia, incluyendo las provenientes de otras jurisdicciones. La herramienta apunta a terminar con una deuda histórica de la gestión pública santafesina: tomar decisiones de infraestructura basadas en datos reales y no en estimaciones o presiones sectoriales.

La postura del gobierno provincial es clara: las obras van a seguir de todas formas. "Santa Fe igual va a seguir avanzando con las obras. Lo que planteamos es cómo sostener esas obras hacia el futuro y cómo financiar otra escala de inversiones", cerró Cunha. El desafío es convencer a un sector que históricamente desconfía de cualquier nueva carga, por más que el destino sean los caminos que ellos mismos necesitan.