Exfiscal de Rosario acusado: $425 millones de fondos judiciales fueron a casinos y bolsa

Lo que se sospechaba desde hace meses tomó forma judicial este lunes: Mariano Ríos Artacho, exfiscal de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que durante siete años se dedicó a vaciar cuentas bancarias judiciales. El monto estimado del desfalco asciende a 425 millones de pesos.

Ante la jueza María Trinidad Chiabrera, los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani describieron una operatoria sistemática y meticulosa: Ríos Artacho identificaba qué cuentas tenían menos probabilidades de ser reclamadas con urgencia —fianzas, cauciones, dinero secuestrado en causas en curso— y firmaba los oficios para vaciarlas. El período investigado abarca desde 2017 hasta 2024, toda la etapa en que el exfiscal se desempeñó en esa unidad especializada.

La estructura de la banda, según la acusación, tenía niveles bien definidos. Debajo de Ríos Artacho operaban tres presuntos organizadores: Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero y Gustavo Cesaretti, cuya tarea era reclutar prestanombres, retirar el dinero en efectivo por ventanilla y distribuir los dividendos hacia arriba. En total, la asociación ilícita involucra a doce personas.

Pero hay un rol que los fiscales destacaron por su sofisticación: el del abogado penalista Emilio Barcacia. Su función, según la acusación, era la de tapador: cuando alguna de las cuentas vaciadas estaba por quedar expuesta ante un juicio abreviado o una probation en causas que llevaba el propio Ríos Artacho, Barcacia se presentaba en los bancos y depositaba dinero en efectivo para recomponer temporalmente los saldos y evitar que el agujero quedara a la vista. Un parche para sostener el esquema.

Los otros imputados —Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Víctor Maurino, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri— habrían prestado sus nombres y CBU para canalizar los fondos. El destino final del dinero, de acuerdo a la investigación, fueron títulos bursátiles y casinos. Plata de fianzas y secuestros judiciales jugada en la ruleta y en el mercado de capitales. Difícil imaginar un nivel de cinismo mayor.

¿Cómo pudo sostenerse este esquema durante tanto tiempo dentro de una institución que, se supone, controla la legalidad? Es la pregunta que queda flotando y que la Justicia deberá responder. Ríos Artacho no era un empleado de ventanilla: era fiscal de Delitos Económicos, el área específicamente diseñada para perseguir este tipo de maniobras.

Este no es el primer expediente que pesa sobre el exfiscal. El año pasado, los fiscales santafesinos Alejandro Benítez y Marcelo Nessier ya lo habían imputado por abuso de autoridad, lesiones leves dolosas y amenazas. Uno de esos hechos ocurrió el 29 de noviembre de 2022, cuando Ríos Artacho dispuso que un Mercedes Benz C250 —secuestrado en un allanamiento a un empresario cerealero acusado de estafas— fuera entregado como depositario judicial al comisario Álvaro Rosales, amigo personal suyo. El auto de un imputado, en manos de un amigo del fiscal. La justicia como negocio privado.

El caso llega en un momento de fuerte escrutinio sobre el Poder Judicial santafesino y sus mecanismos de control interno. Que un fiscal de Delitos Económicos haya podido operar durante siete años vaciando cuentas judiciales sin ser detectado por sus propios superiores no es un dato menor: es una falla institucional que exige explicaciones más allá de la condena individual. La causa recién empieza, pero el daño a la credibilidad del sistema ya está hecho.

Con información de: La Capital, Rosario3.