Pami en crisis: recortan fondos para diálisis y los tratamientos están en riesgo

Lo dijeron sin rodeos y en voz alta: los tratamientos de diálisis para los afiliados a Pami están en riesgo. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), que nuclea a los centros de todo el país, salió este lunes a denunciar públicamente que el gobierno nacional está recortando los fondos destinados a estas prestaciones, y que la situación ya es crítica.

La diálisis no es un tratamiento opcional. Es el procedimiento que mantiene con vida a miles de personas con insuficiencia renal crónica, que necesitan realizarlo entre dos y tres veces por semana, durante varias horas cada sesión. Interrumpirlo o degradarlo no es un problema administrativo: es una amenaza directa a la salud y a la vida de los pacientes.

Cadra no es una entidad menor. Representa a los centros de diálisis de todo el territorio argentino y tiene interlocución directa con el sistema de salud nacional. Que salgan a denunciar públicamente implica que el problema ya superó los canales internos de negociación. Alguien en algún despacho decidió ajustar, y los que pagan el costo son los jubilados con los riñones fallando.

¿Cuánto más puede aguantar el sistema de salud de los adultos mayores antes de colapsar? Pami es la obra social más grande de América Latina, con más de cinco millones de afiliados. La mayoría son personas mayores de 65 años, muchos con múltiples patologías crónicas. La diálisis es uno de los tratamientos de mayor costo y mayor complejidad dentro del sistema, y también uno de los que no admite demoras ni recortes sin consecuencias inmediatas.

Desde Cadra advirtieron que los recortes afectan directamente la capacidad de los centros para sostener las prestaciones. Sin financiamiento adecuado, los centros no pueden mantener insumos, personal especializado ni equipamiento. La cadena de consecuencias es previsible y brutal: primero se deteriora la calidad del tratamiento, después se reducen los turnos disponibles, y al final los pacientes quedan sin atención.

El contexto no ayuda. En un año en que el ajuste fiscal se convirtió en política de Estado, los recortes en salud golpean con más fuerza a los sectores que menos pueden defenderse. Los jubilados que dependen de Pami no tienen plan B: no tienen obra social alternativa, no tienen capacidad económica para afrontar tratamientos privados que pueden costar cientos de miles de pesos por mes, y muchos no tienen familia que pueda absorber ese gasto.

La denuncia de Cadra es una señal de alarma que no debería pasar desapercibida. Cuando los propios prestadores del sistema salen a decir que los tratamientos están en riesgo, es porque la situación ya cruzó un umbral que no se puede ignorar. El Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de estos tratamientos. No es ideología: es la ley, y es la vida de miles de personas.