Allanamientos a Los Monos en Rosario tras intimidar testigos del juicio suspendido

Lo que pasó este martes en el noroeste de Rosario es la consecuencia directa de un escándalo judicial que todavía no terminó de explotar. Mientras el juicio a Jonatan 'Peco' Almada, uno de los cabecillas de la célula de Los Monos que operó en esa zona de la ciudad, sigue sin fecha firme de reanudación, la organización narco ya estaba trabajando para que los testigos no vuelvan a hablar.

Este martes, el fiscal Pablo Socca ordenó catorce allanamientos simultáneos por intimidaciones a testigos que declararon durante las audiencias del proceso suspendido. El resultado: siete personas aprehendidas, domicilios allanados en distintos puntos del noroeste, y una señal clara de que la Justicia no piensa mirar para otro lado mientras la banda reorganiza sus piezas.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de Investigaciones, reforzada con la Tropa de Operaciones Especiales y el Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata. No fue un operativo menor: las fuerzas irrumpieron en Humberto Primo al 2400 y 2500, Túpac Amaru al 5300 y 5400, Matienzo al 500 bis, José Ingenieros al 3000 y 3500, Ghandhi al 5700 y Larrea al 100 bis. Todos domicilios vinculados al entorno de Mauro Gerez, condenado como mando medio de la estructura en los barrios Ludueña y Empalme Graneros.

Entre los aprehendidos en esa primera tanda aparecen nombres que dibujan el mapa familiar y operativo de Gerez: su hermana Maricel, su novia Camila H., sus primas Ludmila y Estefanía E., su sobrino Gonzalo E. y Kevin A., señalado como presunto sicario. La estructura narco, como siempre, funciona con lazos de sangre.

Hubo una segunda serie de operativos, esta vez por usurpaciones cometidas en la misma zona. El blanco: el entorno de Andy Benítez, otro eslabón pesado de Los Monos que cumple una condena unificada de 50 años de prisión. En tres departamentos de Solís al 300 fue detenida Sandra Belén W., pareja de Benítez. Que alguien esté preso no significa que su red deje de operar. Eso es lo que estos allanamientos vienen a demostrar.

¿Por qué todo esto? Porque el juicio a Almada, que enfrenta un pedido de 40 años de prisión, se cayó después de siete jornadas de debate por una razón que indigna: la inhibición tardía de la jueza Lorena Aronne, quien iba a ser recusada por la defensa porque había intervenido previamente en un abreviado con otro miembro de la misma estructura. El proceso se suspendió, se deberá realizar de nuevo, y todo indica que los testigos tendrán que volver a declarar. Ahí está el problema. Ahí está el motivo de las intimidaciones.

Que una banda narco aproveche el limbo judicial para presionar a quienes ya se animaron a hablar no es una novedad en Rosario. Pero que ocurra en el marco de un juicio que ya se cayó por una falla del propio sistema es una señal de alarma que no se puede ignorar. Los testigos que declararon durante esas siete audiencias ahora saben que pueden tener que repetir todo. Y saben también que alguien del otro lado los estuvo mirando.

Los allanamientos de hoy son una respuesta. La pregunta que queda en el aire es si llegan a tiempo.