Ámbito presentó amparo judicial contra la expulsión de periodistas de Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei tomó una decisión sin precedentes desde el regreso de la democracia: prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada. La medida, que paralizó completamente la actividad en la sala de prensa presidencial, generó la primera reacción judicial formal cuando el diario Ámbito Financiero presentó un amparo este viernes.

El escrito judicial está firmado por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., responsables del medio, y solicita que la Justicia obligue al Gobierno a levantar inmediatamente el bloqueo de sus periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano. El amparo argumenta que la expulsión vulnera "derechos constitucionales básicos como el acceso a la información pública y la libertad de expresión".

La drástica medida se implementó el pasado jueves cuando el Ejecutivo dio de baja los ingresos con huella digital de todos los cronistas acreditados y retiró sus permisos de acceso. La justificación oficial apunta a "una medida de seguridad nacional" relacionada con una denuncia penal de la Casa Militar por supuesto espionaje ilegal contra periodistas de Todo Noticias (TN).

Según la denuncia, los periodistas de TN habrían filmado con lentes inteligentes zonas comunes del edificio presidencial sin permiso oficial, lo que habría "puesto en peligro la seguridad nacional". Sin embargo, el amparo de Ámbito cuestiona la generalización de la sanción, argumentando que no es razonable aplicar la medida a periodistas y medios que no fueron denunciados por este tema específico.

Esta no es la primera restricción que impone la gestión libertaria a los trabajadores de prensa. Anteriormente, Milei había prohibido el ingreso a varios acreditados invocando una publicación de Chequeado que acusaba a medios y periodistas de publicar notas "financiadas por Rusia", acusación que posteriormente se diluyó por falta de pruebas sólidas.

El planteo judicial de Ámbito apunta específicamente a la desproporción de la restricción y a la falta de una resolución judicial que avale una medida tan extrema. La prohibición lleva la firma de la Secretaría de Prensa a cargo de Javier Lanari, mientras que el presidente expresó su respaldo en redes sociales con términos despectivos hacia los periodistas.

En paralelo, diputados de la oposición exigieron al Gobierno explicaciones formales y adelantaron que podrían activar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. Organizaciones periodísticas y sindicatos del sector también expresaron su rechazo a la medida.

Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una medida transitoria de seguridad, mientras funcionarios cercanos a Casa Rosada señalaron que "la restricción no implica censura" ya que los expertos revisan cámaras, pasillos y sistemas internos del edificio presidencial.