Rosario: colegios privados alertan por amenazas escolares y el millonario costo

La ola de amenazas que sacude las escuelas santafesinas no es joda. Alejandro Saba, referente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas, lo dijo sin vueltas: "Esto no es una broma, una picardía, sino que es un delito". Y las consecuencias están a la vista.

En las últimas semanas se registraron unas 30 denuncias por amenazas en colegios de toda la provincia, un fenómeno que parece haber escalado tras el ataque en San Cristóbal. Cada vez que suena una alerta, se despliega un operativo que incluye bomberos, SIES, brigada de explosivos y controles de tránsito. El costo de cada intervención ronda los 8 a 10 millones de pesos, una cifra que duele en las arcas públicas.

Pero hay algo que duele más: ver a los chicos evacuando con cara de terror. "Son operativos que los tenemos practicados, pero aún cuando los practicamos genera angustia. Acá cuando ven y salen y ven que hay policía se asustan", describió Saba en diálogo con Cada Día.

El directivo fue claro sobre las consecuencias legales. Bajo el Código Procesal Juvenil actual, los adolescentes desde los 16 años ya son responsables ante la ley y pueden ser detenidos. No es un juego de niños cuando la Justicia toca la puerta.

¿Pero qué está pasando realmente con estos pibes? Saba cree que hay algo más profundo: "Necesita hablar, necesita dialogar, necesita sentirse escuchado, porque si no busca que lo escuchen en otros lados donde pasan estas cosas". La reflexión apunta al corazón del problema: chicos que buscan atención de la peor manera.

El panorama se complica cuando entra en juego el mundo digital. "Hay gente que se esconde y coapta adolescentes, preadolescentes o adultos también para objetivos como lo que ya ha sucedido", advirtió el referente educativo. Internet como caldo de cultivo para manipular mentes jóvenes vulnerables.

La respuesta oficial llegó esta semana con un protocolo elaborado en conjunto entre el gobierno santafesino y el Ministerio Público de la Acusación. Las instituciones privadas acatan las disposiciones, pero Saba insiste en que la clave está en otro lado: el diálogo familiar.

Los colegios ya implementan medidas como revisión de mochilas y controles estrictos, pero el directivo es tajante: ninguna regla funcionará sin el compromiso de las familias. "Buscamos equilibrar los nuevos paradigmas de los jóvenes con el consenso necesario para que puedan estudiar en un ambiente seguro", concluyó.

La pregunta que queda flotando es inquietante: ¿cuánto más vamos a permitir que el miedo se instale en las aulas rosarinas? La respuesta no está solo en los protocolos, sino en recuperar el diálogo que se perdió en algún lugar del camino.