Santa Fe cobrará hasta $6 millones a padres por amenazas falsas en escuelas

La cosa se puso seria en Santa Fe. El Ministerio de Seguridad provincial anunció que va a cobrar hasta $6 millones por cada operativo policial a los adultos responsables de quienes hagan amenazas falsas a escuelas. Y no importa si el que amenaza es menor: los padres van a pagar.

La medida llega en el peor momento posible. Solo el martes pasado se registraron 78 denuncias en toda la provincia, y 22 de ellas fueron en el departamento Rosario. Una locura que tiene a las escuelas en vilo y a los padres sacando a sus hijos antes de tiempo.

La secretaria Georgina Orciani no se anduvo con vueltas: "Estamos en presencia de la comisión de un delito, esto no es un chiste, esto es un delito que acarrea consecuencias, consecuencias penales y económicas". Y remató con una frase que duele pero es cierta: "Como bien lamentablemente estamos acostumbrados los argentinos, de la única manera que reaccionamos y reflexionamos es cuando nos toca el bolsillo".

¿Cuánto sale un operativo? Entre 5 y 6 millones de pesos. Plata que hasta ahora ponía el Estado y que ahora van a tener que garpar los responsables. Porque cada vez que suena una amenaza, se mueve todo: policías, bomberos, equipos especializados, evacuación de chicos, suspensión de clases.

El esquema que armaron es simple pero efectivo. Primero, identifican al responsable de la amenaza. Si es menor, van directo a los padres o tutores. Después, calculan el costo real del operativo: cuántos efectivos se movieron, cuántas horas trabajaron, qué recursos se usaron. Finalmente, intiman al pago. Si no pagan, la Fiscalía de Estado arranca con las acciones judiciales.

La realidad es que esto se descontroló. Las amenazas a escuelas se multiplicaron como hongos después de la lluvia, y cada una genera pánico entre los padres, suspensión de clases y un operativo millonario. Los chicos pierden días de clase, los docentes viven estresados y las familias no saben qué hacer.

¿Es la solución? Por lo menos es un mensaje claro: las jodas salen caras. Muy caras. Porque una cosa es hacer una broma pesada y otra muy distinta es que esa broma le cueste al Estado 6 millones de pesos y deje a cientos de familias sin saber si sus hijos están seguros.

La medida ya está en marcha y los primeros casos no van a tardar en llegar a la Justicia. Los padres rosarinos que hasta ahora pensaban que esto era "cosa de chicos" van a tener que replantearse la situación. Porque cuando llegue la factura de 6 millones, la broma ya no va a tener tanta gracia.