Ley de Inocencia Fiscal en Santa Fe: cómo acceder a la extinción penal tributaria

Hay una salida legal para quienes tienen causas penales por evasión impositiva, y ahora tiene reglamento. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este martes el mecanismo que deben seguir los contribuyentes para acceder a la extinción de la acción penal en el marco de la llamada Ley de Inocencia Fiscal, mediante la Resolución General 5882/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La norma no es un perdón gratuito. Para acceder al beneficio, el contribuyente debe cancelar en forma total e incondicional la deuda tributaria: capital evadido o percibido indebidamente más los intereses correspondientes. Hasta ahí, lo esperable. Pero hay un requisito adicional que no es menor: abonar un importe equivalente al 50% de la suma del capital más los intereses. Es decir, quien quiera cerrar su causa penal paga la deuda entera y encima un plus de la mitad de esa deuda. No es barato salir del problema.

Según explicó el propio organismo, ese pago extra no es una multa caprichosa: es una condición de admisibilidad exigida por la ley para que la Justicia pueda declarar la extinción. Sin ese importe, el expediente no avanza. El dinero debe abonarse mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), emitido de manera individual por cada impuesto y período fiscal involucrado, utilizando el código 762 en los campos Concepto y Subconcepto, que corresponde al adicional previsto en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.

Una vez realizado el pago, el contribuyente debe incorporar al expediente judicial dos documentos: el comprobante del VEP y la constancia del pago de la deuda principal. Con esa documentación queda acreditado el cumplimiento de todos los requisitos para solicitar formalmente la extinción de la acción penal ante el juez interviniente.

¿Y si el juez dice que no? La reglamentación también contempla ese escenario, y la respuesta no es tranquilizadora: el importe adicional abonado no se reintegra automáticamente. El contribuyente que pagó el 50% extra y no obtuvo la extinción deberá iniciar una acción de repetición para reclamar la devolución. Un trámite adicional, más tiempo, más costos. Un detalle que los asesores impositivos ya están analizando con lupa.

La resolución también prevé una situación especial para quienes se adelantaron: los contribuyentes que hubieran realizado pagos equivalentes antes de la entrada en vigencia de esta reglamentación, pero utilizando otros códigos, deberán solicitar la correcta imputación del pago a través del servicio Presentaciones Digitales, acompañando el Formulario 399, para adecuar la operación al nuevo procedimiento.

La Ley de Inocencia Fiscal forma parte del paquete de reformas tributarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad penal en materia impositiva y dar previsibilidad al sistema. En la práctica, abre una ventana para que empresas y personas físicas con causas abiertas puedan cerrar ese capítulo a cambio de pagar lo que deben, más un plus. Si es un incentivo o una carga extra depende de con quién se hable: los estudios contables y jurídicos de Rosario ya están recibiendo consultas.

Lo que queda claro es que la reglamentación pone las reglas sobre la mesa. Ahora cada contribuyente con una causa abierta tiene que hacer el cálculo: cuánto le sale pagar todo más el 50% adicional versus cuánto le sale seguir litigando. Una ecuación que, en muchos casos, puede inclinar la balanza hacia el acuerdo.