La licitación vial más grande del año: Cristóbal López vuelve a los peajes con imputados en Cuadernos

La licitación vial más grande del año está en marcha y ya tiene nombres que no pasan desapercibidos. La Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones recibió 13 oferentes con un total de 31 propuestas, y entre los que se anotaron para quedarse con los tramos aparece Cristóbal López, el empresario mediático y energético que supo ser uno de los hombres más cercanos al kirchnerismo y que hoy arrastra causas judiciales de peso.

Los tramos en juego no son menores: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. Rutas que concentran tráfico pesado, comercio interjurisdiccional y millones de pesos en recaudación de peajes por año. Quien se quede con estas concesiones no solo gana un negocio rentable: gana influencia sobre corredores estratégicos del país.

Lo que llama la atención —y lo que no puede pasarse por alto— es que varios de los oferentes tienen imputaciones en la causa de los Cuadernos, el expediente que sacudió al establishment empresarial argentino y que reveló el esquema de coimas entre contratistas del Estado y funcionarios kirchneristas. Que esas mismas figuras vuelvan a presentarse en licitaciones públicas de esta magnitud es, cuanto menos, una pregunta que el Gobierno debería responder con claridad.

¿Qué controles existen para que empresas o empresarios con causas penales abiertas participen de concesiones del Estado? La respuesta, según el marco normativo vigente, es que una imputación no equivale a una condena, y que hasta que no haya sentencia firme, la participación en licitaciones públicas no está vedada automáticamente. Pero la legalidad de algo no siempre equivale a su conveniencia política o institucional.

El caso de Cristóbal López es paradigmático. El empresario, dueño del Grupo Indalo y ex concesionario de tragamonedas y medios de comunicación, fue procesado en causas vinculadas a deuda con AFIP y otros delitos económicos durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego de años de batallas judiciales, su figura volvió a ganar visibilidad pública. Ahora, con el gobierno de Javier Milei en el poder y una agenda de privatizaciones y concesiones en pleno desarrollo, López aparece entre los que quieren volver al ruedo de los negocios con el Estado.

La Red Federal de Concesiones es uno de los ejes centrales de la política de infraestructura del actual gobierno. La idea es transferir al sector privado la gestión y el mantenimiento de rutas nacionales a cambio de la recaudación de peajes, reduciendo así el gasto público en obra vial. En teoría, un modelo razonable. En la práctica, todo depende de a quiénes se les entrega ese negocio y bajo qué condiciones.

Con 31 propuestas sobre la mesa, la competencia es real. Pero la presencia de actores con historial judicial complejo en un proceso de esta envergadura obliga a que los organismos de control —la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General, el propio Congreso— estén atentos. No alcanza con que el proceso sea formalmente correcto: tiene que serlo también en sus resultados.

El desenlace de esta licitación dirá mucho sobre cómo el gobierno de Milei entiende la transparencia en los negocios públicos. Si el criterio es solo el precio más bajo o la mejor oferta técnica, sin mirar quién está detrás, el riesgo de repetir viejos vicios con nueva retórica es alto. Argentina ya pagó muy caro ese error.