Baja de imputabilidad en Santa Fe: el gobierno de Pullaro dice estar listo y le apunta a la Justicia

El reloj corre. A principios de septiembre de 2026 entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, la reforma que baja de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad en la Argentina. Y el gobierno de Santa Fe, con la impronta que le viene imprimiendo Maximiliano Pullaro a la gestión de seguridad, salió a marcar la cancha antes que nadie: la provincia está lista. Ahora le toca moverse a la Justicia.

La señal política es clara y tiene destinatario preciso. Desde el Palacio de los Leones, la administración provincial comunicó que el aparato operativo santafesino —infraestructura de alojamiento, equipos técnicos, protocolos de intervención— está en condiciones de absorber la nueva normativa desde el primer día. No es un detalle menor: la implementación del régimen juvenil implica una reorganización profunda del sistema, que hasta ahora trataba a los menores de 16 años como no punibles con independencia de la gravedad del delito cometido.

El mensaje hacia el Poder Judicial es el otro costado de este anuncio. El gobierno santafesino, que lleva meses reclamando mayor contundencia en las respuestas judiciales frente al crimen organizado y la violencia urbana, aprovechó la ocasión para dejar en claro que la pelota ahora queda del lado de los jueces y fiscales. La lectura política es sencilla: el Ejecutivo provincial cumplió con su parte, preparó el terreno; si el sistema falla, la responsabilidad no será de la gestión Pullaro.

El debate sobre la baja de imputabilidad no es nuevo en la Argentina ni en Santa Fe. Durante años, distintos gobiernos nacionales intentaron avanzar en la reforma sin éxito, frenados por la resistencia de sectores que argumentaban que criminalizar a adolescentes no resuelve las causas estructurales de la violencia. La sanción del nuevo régimen a nivel nacional representa un giro significativo en esa discusión, y coloca a las provincias ante el desafío concreto de implementarlo.

Para Rosario, epicentro histórico de la crisis de seguridad santafesina, la reforma tiene una dimensión particular. La ciudad viene registrando desde hace años la participación de menores en estructuras narcocriminales, muchas veces como ejecutores de delitos graves precisamente por su condición de no punibles. La nueva normativa busca cerrar esa brecha legal, aunque los especialistas advierten que la eficacia dependerá tanto de la respuesta judicial como de la disponibilidad de dispositivos de tratamiento diferenciado para adolescentes en conflicto con la ley.

El gobierno provincial, en ese sentido, subraya que la preparación operativa incluye no solo la capacidad de alojamiento sino también los equipos interdisciplinarios que exige el régimen para el abordaje de jóvenes de 14 y 15 años imputados. La ley nacional establece que, aun siendo punibles, los adolescentes de esa franja etaria deben recibir un tratamiento diferenciado del sistema penal adulto, con énfasis en la reinserción.

Lo que viene es una prueba de fuego para toda la institucionalidad santafesina. La provincia tiene una tradición de gestión penitenciaria y de justicia penal juvenil que la distingue de otras jurisdicciones, pero la magnitud del cambio normativo exige coordinación entre poderes que históricamente no siempre funcionó aceitada. Pullaro lo sabe. Por eso el mensaje a la Justicia no es solo una declaración de principios: es también una apuesta política de cara a los resultados que la sociedad santafesina va a empezar a demandar desde septiembre.