Santa Fe lista para aplicar la baja de imputabilidad a 14 años desde septiembre

A poco más de dos semanas de que entre en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que reduce la edad mínima de punibilidad de 16 a 14 años, el gobierno de Santa Fe sale a despejar dudas: la Provincia no parte de cero y tiene preparada buena parte de la estructura para comenzar a aplicar el nuevo sistema el 5 de septiembre.

Así lo aseguró este martes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en declaraciones al programa De boca en boca de Radio 2. El funcionario salió a responder, con nombre y apellido institucional, las advertencias que días atrás había lanzado el juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale, quien había expresado dudas públicas sobre la existencia de recursos, instituciones y equipos profesionales suficientes para implementar integralmente la reforma.

La respuesta de la Casa Gris es contundente en las formas, aunque reconoce que todavía restan ajustes. Santa Fe cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil estructurado bajo los principios del sistema acusatorio, el mismo que ya funciona para adultos en la provincia. A eso se suma una ley de ejecución de la pena, sancionada en diciembre de ese año, con disposiciones aplicables de manera supletoria a menores. Lo que falta, según explicaron desde el Ministerio, es un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro que termine de establecer qué tipo de establecimiento corresponde para cada medida judicial. Un decreto que, a dos semanas del vencimiento, todavía no está firmado.

El nuevo régimen, que derogó la normativa que regía desde 1980, alcanzará a adolescentes de entre 14 y 18 años y tiene como finalidad declarada la educación, la resocialización y la reintegración social, además de la atribución de responsabilidad penal. Un punto clave que Cococcioni se encargó de aclarar: las penas no se equiparan a las de los adultos. «La pena aplicable tiene una reducción y tiene un tope. En el caso de los menores no es aplicable por ley la perpetua, tiene un tope de 15 años», explicó el ministro en Radio 2.

Para la implementación concreta, la Provincia proyecta una estructura de tres niveles según la gravedad del hecho y el perfil criminológico de cada adolescente. El primer escalón será la prisión domiciliaria, con control mediante tobilleras electrónicas. El segundo nivel contempla establecimientos de puertas abiertas, una instancia intermedia sin funcionamiento penitenciario propiamente dicho, a cargo de personal civil. Y en el extremo más grave, para delitos violentos o de mayor complejidad, entrarán en juego los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), establecimientos cerrados con régimen similar al penitenciario pero exclusivamente para adolescentes, separados de los adultos tal como exige la ley nacional.

El sistema también prevé medidas alternativas a la prisión, similares a las intervenciones que hoy realiza el área de Niñez. La ejecución de las medidas de carácter estrictamente penal, en cambio, quedará bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, marcando una separación clara entre la lógica tutelar y la lógica punitiva que el nuevo régimen busca establecer.

La discusión no es menor en Rosario, ciudad que concentra buena parte de la violencia juvenil de la provincia y donde el debate sobre la imputabilidad tiene una carga política y social enorme. La baja de la edad de punibilidad fue una de las banderas del gobierno de Javier Milei y generó rispideces con sectores del peronismo y organismos de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de criminalizar la pobreza sin resolver las causas estructurales. Desde la vereda opuesta, sectores de la sociedad civil y fuerzas de seguridad venían reclamando herramientas legales para actuar frente a menores que participan en hechos de extrema violencia.

Lo que queda claro es que Santa Fe llega mejor parada que otras provincias a esta transición, gracias al trabajo legislativo e institucional de los últimos años. Pero el decreto de Pullaro, los equipos especializados y la infraestructura de los CERPJ son deudas que el calendario aprieta. El 5 de septiembre no espera.