Juez rosarino advierte sobre la baja de punibilidad: "terraplanismo punitivista"
El juez penal juvenil Alejandro Cardinale cuestionó que la reducción de la edad de punibilidad a 14 años, que rige desde el 5 de septiembre, tenga impacto real en la seguridad. Advirtió que el Estado no generó las instituciones ni los recursos necesarios para implementar el nuevo régimen y habló de 'terraplanismo punitivista' para describir a quienes creen que la medida resolverá el problema del crimen.
El 5 de septiembre entrará en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso el 27 de febrero de 2026, que habilita a juzgar penalmente a adolescentes desde los 14 años. Pero para el juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale, la reforma llega sin las condiciones mínimas para funcionar, y su efecto sobre la seguridad ciudadana será prácticamente nulo.
En una entrevista con el periodista Pablo Motto en el programa El Contestador de Radio 2, Cardinale fue contundente: "La baja de punibilidad no tiene ninguna incidencia en la seguridad ciudadana, en la criminalidad". El magistrado, con más de 25 años de experiencia en el fuero penal juvenil, utilizó la expresión "terraplanismo punitivista" para describir a quienes sostienen que reducir la edad de imputabilidad puede resolver los problemas de inseguridad, equiparando esa creencia con una negación de la evidencia.
El argumento central de Cardinale apunta a los datos: la conducta delictiva en la franja de 14 a 16 años tiene una incidencia menor en el total del crimen, y el propio juez vinculó su posición con la realidad de Rosario, donde la tasa de homicidios dolosos disminuyó en los últimos tiempos sin que mediara ninguna modificación legislativa en materia penal juvenil. Para Cardinale, ese dato desmonta la lógica que asocia automáticamente más punición con más seguridad.
Pero el cuestionamiento del magistrado no se limita a la efectividad de la medida, sino también a su implementación. Según explicó, el período entre la aprobación de la ley y su entrada en vigencia existía precisamente para que el Estado —nacional y provincial— generara las instituciones, recursos y equipos profesionales necesarios para acompañar a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen. "La baja de la edad de punibilidad era lo más fácil para hacer y se hubiese implementado de un día para el otro", señaló, y aclaró que justamente por eso el Congreso fijó fondos que la Nación debía transferir a las provincias para financiar esa infraestructura.
El problema, según Cardinale, es que esa ventana de tiempo no fue aprovechada. "Esa ventana implicaba plata, generar instituciones, poner profesionales que no son abogados o abogadas ahí al lado de la situación del pibe", explicó. Sin psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas integrados al sistema, el nuevo régimen quedará reducido a "un derecho penal chiquitito", advirtió. Ante la consulta sobre si la baja de punibilidad podría aplicarse mientras esos instrumentos se incorporan de forma progresiva, el juez fue categórico: "Lo único que va a operar entonces plenamente es la baja de la punibilidad. Todo lo demás, veremos".
El magistrado también rechazó la idea de aplicar una respuesta estatal idéntica a adolescentes y adultos. Aclaró que el régimen anterior no implicaba que un joven de 14 años "no entiende" lo que hace, sino que fijaba un límite a la respuesta punitiva del Estado, reconociendo que los adolescentes requieren un abordaje diferenciado que también forma parte de las políticas de protección de niñas, niños y adolescentes.
En ese marco, Cardinale subrayó que proteger las garantías de los adolescentes en un proceso penal no se contrapone con los derechos de las víctimas. Desde su experiencia, muchas víctimas buscan respuestas que van más allá de la prisión: quieren saber los motivos del hecho o recibir otro tipo de intervención del Estado. Una perspectiva que el sistema puramente punitivo difícilmente puede ofrecer.
El juez reconoció que la reforma del régimen penal juvenil era "una de las deudas de la democracia" y que el sistema vigente debía ser modificado. Sin embargo, cuestionó la forma en que el Congreso encaró esa modificación este año, priorizando la baja de la edad por sobre la construcción del andamiaje institucional que el nuevo sistema requiere. Una crítica que, en el fondo, apunta a algo que debería ser elemental en cualquier política pública: cambiar la ley sin los recursos para aplicarla no es reforma, es escenografía.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo rige la baja de la edad de punibilidad en Argentina?
El nuevo Régimen Penal Juvenil entra en vigencia el 5 de septiembre de 2026 en todo el país, habilitando el juzgamiento penal de adolescentes desde los 14 años.
¿Qué significa que bajen la edad de punibilidad a 14 años?
Implica que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser procesados penalmente bajo el nuevo régimen, algo que antes no era posible salvo para mayores de 16 años en delitos graves.
¿Por qué el juez Cardinale dice que la medida no va a mejorar la seguridad?
Porque según el magistrado, la franja de 14 a 16 años tiene una incidencia menor en el total del crimen, y la tasa de homicidios en Rosario ya bajó sin cambios legislativos en materia penal juvenil.
¿Qué falta para implementar el nuevo régimen penal juvenil?
Según Cardinale, faltan instituciones, financiamiento y profesionales de distintas disciplinas (psicólogos, trabajadores sociales) que el Estado debía haber generado durante el período previo a la entrada en vigencia de la ley.