Retiraron una bandera en el Coloso y ahora el gobierno provincial tiene que explicar por qué

Lo que pasó el domingo en el Coloso Marcelo Bielsa no fue un episodio menor de protocolo deportivo. Fue, según la concejala Norma López, un acto de censura con uniforme policial. Y ahora el gobierno provincial va a tener que explicarlo.

Durante los controles de ingreso al partido entre Newell's y Boca Juniors, efectivos de seguridad retiraron y secuestraron una bandera que llevaba la leyenda «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», una consigna directamente vinculada al debate nacional sobre la posible derogación o flexibilización de la Ley de Tierras (Ley 26.737), norma que regula la venta de suelo argentino a extranjeros.

La justificación oficial llegó rápido y fue, cuanto menos, llamativa. El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Angelini, salió a defender el operativo con un argumento que generó más preguntas que respuestas: el mensaje de la bandera, dijo, «no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo». Como si la historia del fútbol argentino no estuviera escrita, en buena parte, con las banderas que la gente lleva a las canchas.

López no tardó en responder. La edila justicialista presentó un proyecto de pedido de informes ante el Concejo Municipal para que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe detalle el marco legal, los protocolos y los criterios que se aplicaron en ese operativo. En sus propias palabras: «La manifestación pacífica de opiniones políticas forma parte de las garantías constitucionales y tiene una protección reforzada cuando se trata de expresiones críticas hacia decisiones de gobierno». Y remató sin anestesia: «Nosotros creíamos que la Policía del Pensamiento estaba en los libros».

El timing del episodio no es casual. La bandera fue secuestrada a días de la marcha nacional convocada para el 6 de agosto al Congreso de la Nación, con réplicas en Rosario y en toda la provincia, para rechazar los proyectos que buscan liberar la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros. Que justo en esa semana una consigna territorial aparezca en una tribuna y termine en manos de la policía tiene una carga política que ningún funcionario puede ignorar.

¿Cuándo fue la última vez que le sacaron una bandera a alguien en una cancha porque el mensaje era demasiado incómodo para el gobierno de turno? La pregunta no es retórica: es el núcleo del problema. Las tribunas del fútbol argentino funcionaron siempre como termómetro social, como espacio donde el pueblo dice lo que piensa sin filtro. Pretender regular ese espacio en función del contenido político de los mensajes es abrir una puerta que, una vez abierta, es muy difícil de cerrar.

López fue contundente en su cierre: «Si no hay delito, ni contravención, es una clara actitud que coarta la libertad de expresión. Si el Estado decide restringir un derecho garantizado por la Constitución, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad cuáles fueron sus fundamentos». El gobierno provincial, por ahora, no amplió su posición más allá de las palabras de Angelini. El pedido de informes está en marcha y la respuesta, o la ausencia de ella, también va a decir mucho.

Una bandera pacífica, sin insultos, sin violencia, con una frase sobre la tierra. Secuestrada. Si eso no merece una explicación clara del Estado, entonces el problema es mucho más grande que un partido de fútbol.