UNR: fallo judicial obliga al gobierno a subir 30% los salarios universitarios

El sistema universitario argentino volvió a quedar en el centro de la escena política. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, confirmó este miércoles que el cumplimiento del último fallo judicial sobre la ley de financiamiento universitario implicaría una recomposición salarial de más del 30% para docentes y no docentes de todo el país, además de una actualización de las becas estudiantiles con atrasos aún mayores.

En declaraciones a El Tres, Bartolacci explicó el alcance de la resolución del juez federal Martín Cormick, que intimó al Estado nacional a cumplir en cinco días hábiles con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. La resolución establece multas diarias en caso de incumplimiento, lo que le agrega una presión concreta al Ejecutivo.

"Lo que dispone la orden judicial es que el Poder Ejecutivo Nacional tiene que aplicar el artículo 5 y 6 de la ley mientras se resuelve la discusión de fondo", precisó el rector. Esos artículos regulan la recomposición de los salarios del sector y la actualización de los programas de becas estudiantiles. La fórmula legal toma como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, comparándola con los incrementos efectivamente otorgados en ese período. La diferencia resultante es lo que el Estado debería abonar.

"Si uno lo traduce haciendo esa ecuación, queda pendiente todavía un incremento de algo más del 30%, que es lo que debería ejecutar el Estado Nacional cumpliendo la orden judicial", afirmó Bartolacci. El plazo vence el próximo miércoles, y hasta el momento de la entrevista las autoridades universitarias no habían tenido ningún contacto formal con el gobierno tras conocerse la intimación.

Un punto clave del planteo del rector es que no se trata de un gasto nuevo sino de una deuda acumulada. "Es una respuesta relevante para la situación difícil que estamos atravesando. No es un aumento de presupuesto, sino una recomposición de lo perdido frente a la inflación", sostuvo. En ese marco, advirtió que la continuidad del año académico está en juego si no se normaliza la situación.

La otra arista del fallo involucra a las becas estudiantiles. El artículo 6 de la ley ordena actualizar por inflación programas como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería. Según Bartolacci, el atraso en este rubro es proporcionalmente mayor que el salarial. El caso más crítico es el de las becas Progresar, que alcanzan a unos 400.000 estudiantes en todo el país y no se actualizan desde septiembre de 2024.

La medida cautelar tiene un largo recorrido judicial que le da solidez institucional: fue dictada originalmente por Cormick, luego avalada por la Cámara Federal y en junio de este año la Corte Suprema dejó firme esa decisión. Pese a ello, el gobierno no la había cumplido hasta la nueva intimación. "Es bastante raro que estemos discutiendo algo que debería ser una obviedad y lo más razonable: que en un país la ley se cumpla", dijo Bartolacci con evidente fastidio. Y fue más directo: "No es que la ley vale cuando a mí me gusta y cuando no me gusta me hago el distraído".

Consultado por las medidas de fuerza previstas para esta semana y por la marcha universitaria convocada para el 15 de octubre, el rector evitó confirmar cambios pero dejó en claro que la respuesta del gobierno será determinante. "Depende mucho de lo que el Estado Nacional haga respecto de este fallo judicial", señaló. Y concluyó: "Estamos esperando esa convocatoria o el anuncio que haga el Estado Nacional respecto de qué posición va a tomar y, en virtud de eso, resolveremos también nosotros cómo seguimos actuando".

Con informacion de: Rosario3