Santa Fe celebra en Europa: la soja argentina no será cultivo de 'alto riesgo'

Una victoria concreta para la agroindustria argentina: el Parlamento Europeo rechazó la normativa que pretendía clasificar a la soja argentina como cultivo de alto riesgo ILUC (Cambio Indirecto del Uso del Suelo), una medida que habría excluido al biodiésel nacional de los objetivos de energías renovables de la Unión Europea y comprometido exportaciones estimadas en 390 millones de dólares anuales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no tardó en celebrar el resultado. "Es fruto de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el Gobierno nacional y el sector privado. Juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel", escribió en sus redes sociales. La provincia, que concentra históricamente más del 80% de la capacidad instalada del país en biodiésel, tenía mucho en juego.

La clave del éxito fue técnica. Santa Fe elaboró un dossier científico presentado ante las autoridades europeas que acreditó la sustentabilidad del sistema productivo argentino en dos puntos centrales: que el biodiésel nacional reduce cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del gasóleo fósil, y que la producción de soja no implica expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos. El informe fue el resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, cámaras empresariales, universidades y organismos técnicos nacionales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, fue directo sobre lo que estaba en riesgo: "El cierre del mercado europeo ponía en riesgo exportaciones de biodiésel y afectaba a un sector en el que Santa Fe concentra históricamente más del 80% de la capacidad instalada del país". Y agregó que "este resultado demuestra que cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones".

Ahora bien, la victoria en Bruselas no alcanza si el mercado interno sigue frenado. La industria santafesina opera con niveles de ociosidad de entre el 50% y el 65%, un dato que habla por sí solo del potencial desaprovechado. Por eso, el gobierno de Pullaro aprovecha el impulso para reclamar al Congreso de la Nación el tratamiento urgente de una nueva Ley de Biocombustibles.

La propuesta provincial se estructura en tres ejes concretos. El primero exige elevar de manera inmediata el corte obligatorio de biodiésel al 15% (B15), con una transición automática al 20% (B20) cuando resulte competitivo frente al diésel importado. El segundo propone incorporar los llamados "vectores de futuro", el Diésel Renovable (HVO) y el Combustible Sustentable de Aviación (SAF), al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El tercero impulsa una distribución más equilibrada del mercado interno: 40% para plantas no integradas y 60% para las integradas, con el objetivo de promover la competencia y reflejar la estructura real de la industria santafesina.

El contexto no es menor. Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de biodiésel de soja, y la cuenca del Gran Rosario —con sus terminales portuarias y plantas procesadoras— es el corazón de esa cadena de valor. Cualquier barrera comercial europea no golpea en abstracto: golpea en empleos industriales en el Gran Rosario, en divisas que el país necesita y en una cadena agroindustrial que genera valor agregado real sobre la materia prima pampeana.

La pelota está ahora en el Congreso. El lobby europeo fue frenado con trabajo técnico y coordinación entre provincias y Nación. Que el mercado interno siga atado por una ley desactualizada, con la mitad de la capacidad instalada parada, es una deuda que ya no tiene excusa.