Detienen a mujer policía por la muerte de Mauro González en comisaría de Santa Fe

La causa por la muerte de Mauro Daniel González dentro de una dependencia policial de la ciudad de Santa Fe sumó una nueva detención: la Policía de Investigaciones (PDI) arrestó el viernes pasado a una mujer de 35 años, ex efectiva policial, en la localidad de Santo Tomé, donde se había refugiado tras la orden judicial que pesaba sobre ella.

La medida de detención había sido dispuesta el 4 de septiembre por la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial N.º 1, a cargo de la jueza Rosana Itatí Carrara. Desde ese momento, personal de la División Capturas trabajó para establecer el paradero de la mujer, con apoyo de la División Paradero, hasta localizarla en un domicilio sobre calle Uruguay al 1400 de Santo Tomé durante la tarde del viernes 11 de septiembre.

Una vez en el lugar, los agentes le comunicaron la existencia de la medida judicial vigente y procedieron a su detención. Fue trasladada a una dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Con esta aprehensión, el número de policías acusados en la causa asciende a ocho.

El caso tiene como eje la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida el 18 de enero de 2026 mientras se encontraba bajo custodia en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe. La causa investiga si González fue víctima de torturas seguidas de muerte, una figura penal que implica responsabilidad directa del Estado en el fallecimiento de una persona privada de su libertad.

Entre los imputados ya figuran al menos cuatro policías con prisión preventiva dictada con anterioridad, acusados precisamente por el delito de tortura seguida de muerte. Además, en el marco de la misma investigación fue imputada una médica policial que habría examinado a González sin detectar —o sin informar— el estado en que se encontraba la víctima, lo que agrava el cuadro de presunta negligencia y encubrimiento institucional.

La detención de esta semana refleja que la investigación judicial sigue avanzando y que la jueza Carrara no da por cerrado el círculo de responsabilidades. La Justicia deberá determinar el rol específico que tuvo la mujer detenida en los hechos que derivaron en la muerte de González, cuya familia lleva meses reclamando verdad y condenas efectivas.

El caso González se inscribe en un contexto más amplio de denuncias por violencia institucional en comisarías de la provincia de Santa Fe, donde organismos de derechos humanos vienen alertando sobre las condiciones de detención y la falta de controles efectivos sobre el accionar policial en los calabozos. La muerte de una persona bajo custodia del Estado es, por definición, una responsabilidad que no puede quedar impune.