Caja de Ingenieros va a la Justicia contra el decreto de Rosario que flexibiliza permisos de obra

La Caja de Previsión Social de Ingeniería de Santa Fe no se queda quieta. Después de que la Municipalidad de Rosario decidiera dejar de exigir aportes al día para tramitar permisos de obra, las autoridades de la entidad ya pusieron manos a la obra: preparan una medida cautelar para frenar en la Justicia lo que consideran un golpe directo a su financiamiento.

La bronca en la Caja es mayúscula. Se enteraron del decreto el viernes al mediodía mientras mantenían una reunión, y la sorpresa fue total. Incluso directores que tienen empresas constructoras y trato regular con la Intendencia quedaron descolocados por la medida que no tuvo período de transición ni consulta previa.

¿Qué está en juego? Nada menos que el futuro de 2.000 jubilaciones que debe pagar la entidad con apenas 10.000 activos cotizando. Si se relajan los tiempos de pago, como temen que pase sin la exigencia municipal, el equilibrio se rompe. Y no es solo eso: también corre peligro el financiamiento de la obra social con 8.000 afiliados, que podría verse obligada a subir las cuotas.

Desde la Caja no solo reclaman que nunca fueron convocados para tratar el tema, sino que recuerdan una ironía que duele: el último contacto con las autoridades fue a finales del año pasado, cuando ellos mismos presentaron un proyecto para aumentar controles a contratistas de obra pública por alto nivel de evasión. Salieron de ese encuentro con promesas de implementar más controles, pero nunca más supieron del tema.

La Intendencia defiende su posición con un argumento que suena lógico: los requisitos para otorgar permisos de obra deben estar circunscriptos a cuestiones de construcción, higiene y seguridad, no a temas entre profesionales y su colegio. La Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda respaldaron la medida.

Pero la Caja tiene su as bajo la manga. Según su lectura, las leyes que los regulan establecen que los organismos públicos tienen la obligación de exigir el pago de aportes, como pasa con los abogados en sede judicial. Es el argumento que llevarán a Tribunales.

Las autoridades de la entidad ya se comunicaron con funcionarios de la Secretaría de Planeamiento para pedir marcha atrás, pero como el decreto es tan contundente, suponen que la Intendencia no tiene margen político para retroceder. Por eso, en paralelo, preparan la cautelar.

En el Palacio de los Leones no se hacen los sorprendidos: ya tenían previsto que el tema se judicializaría. Es más, están convencidos de que la normativa los respalda y que la Justicia validará su decisión. Se viene una batalla legal que puede definir cómo se manejan los permisos de obra en Rosario y, de paso, el futuro financiero de una caja que atiende a miles de profesionales.

Con información de: Rosario3