Caputo descartó ayuda para familias endeudadas en Rosario y el país: "Tienen que hacerse cargo"

Lo dijo sin rodeos y sin anestesia. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó esta semana que el gobierno de Javier Milei no tiene en carpeta ningún plan ni régimen especial para asistir a las familias que hoy no pueden pagar sus deudas. La frase que quedó resonando fue directa: "Tienen que hacerse cargo".

El contexto en el que cayó esa declaración no es menor. Según los últimos datos disponibles, 5,8 millones de argentinos ya figuran como deudores morosos, es decir, personas que registran atrasos superiores a 90 días en el pago de sus obligaciones financieras. No son números abstractos: son familias que no llegan a fin de mes, que tomaron créditos cuando el dólar estaba en otro valor, que apostaron a que la situación iba a mejorar y hoy están ahogadas.

¿Cuánto más puede crecer ese número antes de que el Estado decida mirar para otro lado con algo de vergüenza?

La postura de Caputo es coherente con la línea ideológica del gobierno libertario: el Estado no rescata, el mercado regula, cada uno se hace responsable de sus decisiones. En teoría, suena razonable. En la práctica, cuando hablamos de casi 6 millones de personas que no pueden cumplir con sus compromisos financieros, la pregunta es si estamos ante una falla individual o ante un problema estructural que el propio modelo económico contribuyó a generar.

No es la primera vez que una gestión económica argentina deja a los deudores a la intemperie. En el pasado, distintos gobiernos implementaron refinanciaciones, quitas o planes de regularización que permitieron a miles de familias salir del pozo sin que el sistema financiero colapsara. Caputo, en cambio, opta por el camino más duro: sin red de contención, sin plan B.

Desde el sector financiero, algunos analistas defienden la postura argumentando que cualquier tipo de rescate genera "riesgo moral": si el Estado siempre aparece a salvar a los que no pagan, nadie tiene incentivos para cumplir. El argumento tiene su lógica. Pero aplicarlo en un país donde la inflación acumulada de los últimos años licuó salarios y donde las tasas de interés fueron durante mucho tiempo un instrumento de especulación más que de crédito productivo, es al menos discutible.

En Rosario y el interior de Santa Fe, la situación se siente con fuerza. Comerciantes, trabajadores informales y empleados en relación de dependencia que tomaron préstamos personales o usaron tarjetas de crédito durante los picos inflacionarios hoy enfrentan cuotas que se comieron el sueldo. Las consultas a estudios jurídicos por concursos de acreedores y acuerdos extrajudiciales crecieron notablemente en los últimos meses.

La declaración de Caputo no sorprendió a nadie que siga de cerca la política económica del gobierno. Pero dicha en voz alta, con esa contundencia, tiene un efecto político concreto: le cierra la puerta en la cara a millones de personas que todavía esperaban alguna señal de alivio. El mensaje es claro: el ajuste es para todos, pero el rescate no es para nadie.

Habrá que ver si esa postura se sostiene cuando los números de morosidad sigan subiendo y el costo social empiece a pasarle la factura al propio gobierno.