Caputo recalculó las privatizaciones y apunta a un combo de US$2.300 millones

El ministro de Economía Luis Caputo volvió a mover el arco. Lo que en abril era una meta de US$2.000 millones en privatizaciones, hoy ya tiene otro número: US$2.300 millones. El recálculo no es menor, y el combo de activos que el Gobierno pone sobre la mesa tampoco.

Según trascendió desde el equipo económico, los activos en danza incluyen centrales eléctricas, concesiones hidroeléctricas, el sistema de trenes y, el que más ruido genera en el sector público, la privatización de AySA, la empresa que provee agua potable y saneamiento a Buenos Aires y el conurbano. Un paquete que, si se concreta, marcaría uno de los procesos de transferencia al sector privado más ambiciosos desde los años noventa.

¿Por qué sube el número? La respuesta oficial apunta a una revaluación de los activos y a una mayor demanda de inversores privados que, según el Gobierno, están mirando con atención el proceso argentino. Pero hay otra lectura posible: la necesidad de mostrar resultados concretos en un año donde el equilibrio fiscal sigue siendo la carta más fuerte del relato libertario.

El dato no es menor para Santa Fe y para Rosario en particular. Las concesiones hidroeléctricas que están en el paquete incluyen infraestructura crítica sobre el río Paraná, una zona de influencia directa para la región. Cualquier cambio en la gestión de esos activos tiene impacto directo en la generación eléctrica, en las tarifas y en la logística fluvial que sostiene buena parte de la economía exportadora del centro del país.

El proceso de privatizaciones del gobierno de Javier Milei arrancó con más anuncios que ejecuciones. La ley Bases, aprobada en 2024, habilitó el marco legal para avanzar, pero los tiempos reales fueron más lentos que los prometidos. Ahora, con el recálculo de Caputo, el Gobierno intenta demostrar que el proceso está vivo y que los números crecen, no se achican.

Lo que no queda claro todavía es el cronograma. Privatizar AySA no es lo mismo que vender una central eléctrica: implica negociaciones sindicales, marcos regulatorios complejos y una sensibilidad política enorme, dado que el servicio de agua potable toca directamente la vida cotidiana de millones de personas. Los gremios ya pusieron el grito en el cielo y la resistencia interna dentro del propio Estado no es despreciable.

Caputo juega a mostrar músculo con los números. US$2.300 millones es una cifra que suena bien en los mercados y que refuerza el discurso de achicamiento del Estado. Pero entre el anuncio y la firma del contrato hay un trecho largo, y la historia argentina en materia de privatizaciones —con sus luces y sus sombras— enseña que los diarios de hoy no siempre son los contratos de mañana.

Lo que viene en los próximos meses va a ser determinante. Si el Gobierno logra cerrar aunque sea una parte significativa de este combo antes de fin de año, habrá dado un golpe político y económico de peso. Si los plazos se estiran y los activos quedan en el limbo, el recálculo de hoy se va a convertir en otro número que el tiempo se encargó de desmentir.