Caso Gorga en Rosario: fiscal desestimó a directivos del Jockey Club

La resolución llegó en un momento en el que Facundo Gorga, de 10 años, seguía siendo el centro de una causa que tocó de lleno a Fisherton. El fiscal Regional Matías Merlo aceptó una presentación de los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Matías Edery y desestimó la investigación sobre integrantes de la comisión directiva, responsables del country, mesa directiva y gerente general del Jockey Club.

La decisión no cierra el expediente completo. En cambio, la causa seguirá avanzando sobre empleados de la gerencia operativa, de la intendencia y del personal de mantenimiento. Ahí está el punto que ahora concentra la mirada: qué rol tuvieron quienes estaban más cerca de la operación diaria del club.

El fiscal Merlo tomó la resolución tras distintos análisis sobre las responsabilidades en el hecho. La muerte de Gorga ocurrió en una de las piletas que el Jockey Club tiene en Fisherton, un espacio que quedó marcado por una pregunta que no se apaga: ¿quién debía cuidar?

Desestimar la investigación sobre la comisión directiva, los responsables del country, la mesa directiva y el gerente general no significa que el tema se haya resuelto. Significa que el fiscal consideró que, según el análisis presentado, el peso de la responsabilidad penal debe buscarse en otro sector del club, más operativo y más cercano a la tarea cotidiana.

La presentación fue de los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Matías Edery, y la aceptó el fiscal Regional Matías Merlo. Ese detalle importa: no se trata de una decisión aislada, sino de un criterio que ya venía construyéndose dentro de la investigación. La causa ahora tiene un carril más acotado, pero no por eso menos sensible.

Acá hay una línea fina. Por un lado, la justicia no puede convertir a todo el club en un imputado de oficio. Por otro, la sociedad necesita saber si hubo negligencia, si faltaron controles o si alguien no hizo lo que debía. Si la investigación sobre los empleados no da respuestas claras, la bronca no se va a calmar sola.

La muerte de un chico de 10 años no se borra con una resolución. Lo que viene ahora es clave: que la investigación sobre los empleados avance con rigor, con pruebas y con una explicación que no deje a Fisherton mirando para otro lado. Porque cuando se muere un niño, la pregunta no es solo legal. También es social. Y también política, para los que dirigen.