Rosario: hijo de víctima de la Triple A lleva su caso a la Corte Interamericana

Una historia de memoria, justicia y abandono institucional llegó esta semana a instancias internacionales. Carlos Razzetti, hijo de Constantino Razzetti —víctima de la Triple A que fue secuestrado en el tristemente célebre Pozo de la ex Jefatura de Policía de Rosario y cesanteado de la Municipalidad de Rosario durante la última dictadura cívico-militar—, interpuso un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado municipal.

Según surge de la presentación, el recurso fue motivado por lo que Razzetti describe como una triple afrenta: la asfixia económica a la que lo sometió el municipio, la denegación de justicia en el ámbito local y el grave riesgo de vida generado por las conductas de la administración comunal. Una acumulación de agravios que, tras agotar las instancias internas, lo obligó a buscar amparo en el sistema interamericano de protección de derechos.

El caso tiene raíces profundas en la historia del terrorismo de Estado en Rosario. Constantino Razzetti fue una de las tantas víctimas de la Triple A —la Alianza Anticomunista Argentina, organización paraestatal de ultraderecha que operó antes y durante la dictadura iniciada en 1976— que además sufrió la persecución laboral sistemática: fue cesanteado de su cargo en la Municipalidad como parte del aparato de represión que no solo encarcelaba y torturaba, sino que también destruía la vida económica y social de sus víctimas y sus familias.

El Pozo de la ex Jefatura de Policía, ubicado en el centro de Rosario, fue uno de los principales centros clandestinos de detención de la región. Por sus instalaciones pasaron cientos de detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado, y su historia es parte fundamental de la memoria colectiva rosarina. Hoy funciona allí el Espacio para la Memoria, aunque la lucha por justicia de muchas familias continúa décadas después.

La decisión de Carlos Razzetti de recurrir a la CIDH —organismo de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington que recibe peticiones de personas que consideran que sus derechos fueron violados por un Estado— implica que, a su entender, la justicia argentina agotó sus posibilidades sin darle una respuesta satisfactoria. El sistema interamericano exige precisamente que se hayan agotado los recursos internos antes de admitir una petición, lo que da cuenta del largo camino recorrido por esta familia.

El caso pone en tensión la relación entre la memoria histórica y las obligaciones concretas del Estado municipal hacia las víctimas del terrorismo de Estado y sus descendientes. Más allá de los homenajes y los espacios de memoria, la situación de Carlos Razzetti plantea una pregunta incómoda: ¿qué hace el municipio por quienes siguen pagando en carne propia las consecuencias de aquella persecución?

La presentación ante la CIDH abre un nuevo capítulo en una causa que lleva décadas y que ahora tendrá visibilidad internacional. El organismo interamericano podrá, en caso de admitir la petición, solicitar información al Estado argentino, emitir medidas cautelares si considera que hay riesgo para la integridad del peticionante, y eventualmente derivar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para las organizaciones de derechos humanos de Rosario, este tipo de casos recuerda que la reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado no es solo una cuestión del pasado: tiene consecuencias materiales y jurídicas que siguen sin resolverse en el presente.