Alumnas del Pellegrini desnudadas con IA: qué dice la ley y cómo se castiga

Lo que pasó en el Colegio Nacional Buenos Aires Pellegrini no es un caso aislado ni una travesura adolescente: es una forma de violencia de género digital que el sistema legal argentino todavía no sabe bien cómo castigar.

Imágenes de alumnas desnudadas con inteligencia artificial, generadas sin su consentimiento y distribuidas entre compañeros, pusieron en el centro del debate una pregunta que incomoda: ¿qué puede hacer la justicia cuando el cuerpo violentado es una imagen falsa pero el daño psicológico es absolutamente real?

La tecnología de las llamadas deepfakes —imágenes o videos hiperrealistas generados por IA a partir de fotos reales de una persona— avanza a una velocidad que la legislación argentina no logra seguir. Cualquier persona con acceso a ciertas aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, puede tomar una foto de otra persona y generar en segundos una imagen de contenido sexual explícito. El resultado es devastador para las víctimas, que en este caso son menores de edad.

El problema legal es concreto: Argentina no tiene una ley específica que tipifique la creación y distribución de deepfakes sexuales. Los abogados especializados en género y tecnología señalan que los fiscales deben recurrir a figuras existentes como la Ley 26.904 de grooming, la Ley 26.485 de protección integral de la mujer, o incluso el artículo del Código Penal que penaliza la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento —conocida popularmente como la ley de revenge porn—. El inconveniente es que ninguna de estas normas fue diseñada pensando en imágenes generadas artificialmente.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien crea la imagen, de quien la distribuye, de quien la recibe y no la denuncia? Esa cadena de complicidades es uno de los nudos más difíciles de desatar para los operadores judiciales.

Desde el ámbito educativo, el caso Pellegrini también abre otro frente: el de la responsabilidad institucional. Las escuelas tienen protocolos de convivencia, pero rara vez contemplan situaciones de violencia digital de esta naturaleza. Los equipos de orientación escolar se encuentran ante escenarios para los que no fueron formados, y las familias de las víctimas muchas veces no saben ni por dónde empezar.

Las expertas en violencia de género advierten que el daño no termina cuando se borra la imagen. Las chicas afectadas cargan con el estigma, el miedo a que el material circule más, la vergüenza que no les corresponde sentir. Es un trauma que puede durar años y que, sin acompañamiento psicológico y respuesta institucional rápida, se profundiza.

A nivel internacional, países como España, Reino Unido y varios estados de Estados Unidos ya avanzaron con legislación específica que penaliza la creación de deepfakes sexuales incluso cuando las imágenes nunca se distribuyen. En Argentina, ese debate recién empieza a tomar forma en algunos proyectos legislativos que duermen en comisión.

El caso del Pellegrini puede ser el sacudón que falta para que el Congreso tome en serio este tema. Porque si hay algo que quedó claro con esta historia, es que la tecnología no espera y que las víctimas tampoco pueden esperar que la ley las alcance.