Citan a indagatoria a Carla Vizzotti por irregularidades en vacunas COVID
La Justicia federal ordenó 15 indagatorias por presuntas maniobras en la compra de vacunas durante la pandemia. Entre los citados están la exministra Carla Vizzotti y empresarios como Hugo Sigman. El fiscal Stornelli sostiene que se priorizó a ciertos laboratorios y se demoró deliberadamente la negociación con Pfizer.
La bomba judicial que muchos esperaban finalmente explotó. El juez Ariel Lijo ordenó una serie de indagatorias que promete sacudir el establishment sanitario argentino por las presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19 durante los años más duros de la pandemia.
La exministra de Salud Carla Vizzotti encabeza la lista de 15 citados que deberán dar explicaciones ante la Justicia federal a partir del 19 de mayo. El fiscal Carlos Stornelli no se anduvo con vueltas: apuntó directo al corazón del poder sanitario de la gestión anterior.
Junto a Vizzotti, tendrán que presentarse el exsubsecretario Mauricio Monsalvo, el exdirector de Enfermedades Transmisibles Juan Manuel Castelli, la exsubsecretaria Sonia Tarragona y la exasesora presidencial Cecilia Nicolini. Un verdadero desfile de funcionarios que manejaron los hilos de la estrategia vacunatoria nacional.
Pero la cosa no para ahí. La causa también alcanza al sector privado, con nombres pesados como el empresario Hugo Sigman y el infectólogo Pedro Cahn, además de representantes de las compañías que participaron en el negocio de las vacunas.
¿Cuál es el meollo del asunto? Según la investigación de Stornelli, el Estado argentino habría direccionado deliberadamente las negociaciones para beneficiar a ciertos laboratorios. Mientras Pfizer había ofrecido dosis desde julio de 2020, el Gobierno de entonces eligió el camino largo: priorizó acuerdos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
Los números no mienten. Los contratos con esas vacunas se firmaron recién entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, y las primeras entregas masivas llegaron entre marzo y abril de ese año. Para la fiscalía, si se hubieran impulsado las tratativas con Pfizer desde el vamos, el país podría haber tenido dosis significativas mucho antes, en el momento más crítico de la pandemia.
La hipótesis de Stornelli es contundente: los funcionarios involucrados se habrían interesado en beneficiar a determinados laboratorios y a sus socios locales, incluyendo a quienes participaron en ensayos clínicos o en la producción de vacunas. Una maniobra que, según el fiscal, implicó demorar a propósito las negociaciones con Pfizer cuando cada día contaba vidas.
Los delitos que se investigan no son menores: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Stornelli fue claro al remarcar que estas demoras no fueron "cuestiones inocuas", sino que tuvieron consecuencias concretas: menos dosis disponibles cuando más se necesitaban.
Las indagatorias se extenderán hasta septiembre, en lo que promete ser un proceso judicial que pondrá bajo la lupa toda la estrategia vacunatoria de aquellos años. La pregunta que flota en el aire es si la Justicia podrá demostrar que hubo responsabilidades penales en decisiones que afectaron a millones de argentinos en plena emergencia sanitaria.
Con información de: Rosario3