Cococcioni defendió el debido proceso para policías imputados por muerte en Santa Fe
El ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni salió a respaldar las garantías constitucionales de los efectivos acusados por la muerte de Mauro Daniel González en un calabozo. Pidió no anticipar culpabilidades y recordó casos de policías absueltos años después de imputaciones escandalosas.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, tomó posición pública en el caso que sacude a la fuerza policial provincial: la muerte de Mauro Daniel González, un hombre de 35 años que falleció en un calabozo horas después de ser trasladado durante una crisis vinculada al consumo de sustancias. Lejos de distanciarse de los imputados, el funcionario reclamó que se respeten sus garantías constitucionales y advirtió sobre los riesgos de los juicios mediáticos anticipados.
"El policía también es una persona y tiene los mismos derechos humanos y los mismos derechos como ciudadano que usted, que sus compañeros, que todos nosotros. Tiene derecho a contar con los medios adecuados para defenderse", afirmó Cococcioni en declaraciones que generaron debate en la opinión pública.
La Fiscalía imputó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I por el delito de tortura seguida de muerte, mientras que un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue acusado por vejaciones. Se trata de una causa de alto impacto institucional que involucra directamente al personal de la fuerza de seguridad que conduce el gobierno de Maximiliano Pullaro.
El ministro fue claro en señalar que el Ejecutivo provincial no interferirá en la investigación judicial: "Vamos a respetar la investigación, no vamos a interferir, vamos a colaborar en todo lo que nos pidan". Sin embargo, aclaró que hasta el momento el Ministerio de Seguridad tuvo escasa participación en la pesquisa: "No nos han pedido mucho porque ha investigado el fiscal solo, por lo menos sin nosotros".
El argumento central de Cococcioni apunta a un fenómeno que, según él, se repite en el sistema judicial argentino: la brecha entre la espectacularidad de las imputaciones iniciales y lo que finalmente puede probarse en juicio. "Seis, siete, ocho años después salen todos absueltos", sostuvo, y describió el costo humano de ese proceso: carreras policiales paralizadas, perjuicios familiares y personales, y reparaciones que casi nunca llegan.
"Uno puede ver a lo largo de los años cuántos casos ha habido de funcionarios policiales que resultan imputados, se los detiene de manera muy escandalosa, es exhibido el caso, queda paralizada su carrera, con enormes perjuicios personales y familiares que raramente tienen una reparación adecuada", señaló el funcionario. Y agregó con crudeza: "Algunos de los imputados ya se murieron en el camino, otros están con alguna enfermedad".
El ministro también planteó el valor institucional de una defensa sólida dentro del proceso penal, en una afirmación que resume su postura: "Una defensa adecuada es la mejor forma de controlar la actividad de la Fiscalía". La frase no es menor en un contexto donde el Ministerio Público Fiscal tiene cada vez más protagonismo en la agenda de seguridad provincial.
Las declaraciones de Cococcioni se alinean con la posición del gobernador Pullaro, quien también había expresado que el gobierno respetará la investigación sin condicionarla. La tensión entre la demanda de justicia por la muerte de González y el respeto al debido proceso de los acusados marca el eje del debate que se abre en Santa Fe.
Preguntas frecuentes
¿Por qué murió Mauro Daniel González en Santa Fe?
González, de 35 años, fue trasladado por policías durante una crisis vinculada al consumo de sustancias y murió horas después en un calabozo. La Fiscalía imputa a los efectivos por tortura seguida de muerte.
¿Qué dijo el gobierno de Santa Fe sobre los policías imputados?
El ministro Cococcioni y el gobernador Pullaro dijeron que respetarán la investigación judicial pero exigen que se garantice el debido proceso y una defensa adecuada para los efectivos acusados.
¿Qué pena tiene el delito de tortura seguida de muerte en Argentina?
El Código Penal argentino prevé reclusión o prisión perpetua para el delito de tortura seguida de muerte cuando es cometido por un funcionario público.