Ley de Tierras: Argentina quedaría con menos restricciones que Brasil y Uruguay

Mientras el país tiene la cabeza puesta en el Mundial 2026, el Gobierno de Javier Milei avanza en el Senado con una reforma que podría cambiar para siempre quién es dueño de la tierra argentina. Este jueves, la Cámara alta debate el proyecto de modificación de la Ley de Tierras Rurales 26.737, una norma que desde 2011 puso límites concretos a la compra de campos por parte de extranjeros. Si se aprueba, Argentina pasaría a tener uno de los regímenes más permisivos de toda Sudamérica.

La ley vigente establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, con ese mismo tope aplicado por provincia y municipio. Además, fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas de frontera. Hoy, según datos oficiales, apenas el 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras, bien por debajo del tope legal.

El proyecto oficial elimina esos límites para personas y empresas privadas extranjeras. Sí mantiene controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control. El vocero presidencial Adrián Ravier argumentó que la reforma busca diferenciar al inversor privado del Estado soberano extranjero: los primeros quedarían libres de restricciones, los segundos necesitarían autorización específica.

Pero la comparación regional deja en evidencia la magnitud del cambio. Brasil, la economía más grande de la región, limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, con un tope adicional del 10% para una misma nacionalidad, y el INCRA —Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria— registra y controla cada operación. Uruguay, que tampoco prohíbe la compra de campos por extranjeros, exige identificar a los accionistas de las sociedades propietarias, registrar la titularidad y transparentar la composición empresarial. El Parlamento uruguayo incluso analiza reforzar esos controles en zonas fronterizas.

De aprobarse la reforma argentina, el país quedaría con un esquema considerablemente más flexible que el brasileño y más abierto que el uruguayo. Solo Paraguay presenta niveles de participación extranjera comparables —entre el 14% y el 19% del territorio, con picos del 60% en departamentos fronterizos—, pero ese fenómeno es producto de un proceso histórico, no de una apertura deliberada como la que propone Milei.

El Ejecutivo justifica la medida argumentando que la ley vigente desalentó inversiones millonarias en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia, sin lograr resultados reales en la protección ambiental. También elimina la prohibición de comercializar campos arrasados por incendios en los 30 a 60 años posteriores al siniestro, restricción que solo se mantendría para bosques nativos con protección especial.

Los críticos de la iniciativa señalan que habilitar la adquisición de territorios con cuerpos de agua y zonas de seguridad de frontera representa una cesión estratégica que ningún otro país de la región se permitiría en este momento geopolítico. La discusión, empujada en una semana de máxima distracción futbolera, no parece casual para quienes siguen de cerca los movimientos del poder en Buenos Aires.

Desde Santa Fe, la mirada no puede ser indiferente: la provincia tiene tierras en la zona núcleo, recursos hídricos vinculados al Paraná y áreas que históricamente generaron tensiones por la concentración de la propiedad rural. Lo que se vote este jueves en el Senado tiene nombre y apellido en cada departamento santafesino.