Santa Fe cobrará hasta $6 millones a padres por amenazas falsas en escuelas

La cosa se puso seria. El gobierno de Santa Fe ya no tolera más las amenazas falsas en escuelas y decidió que los padres paguen la cuenta. Cada operativo policial cuesta entre 5 y 6 millones de pesos, y ahora las familias de los responsables van a tener que aflojar la plata.

Los números hablan solos: solo el martes se registraron 78 casos nuevos en toda la provincia, con 22 de ellos en el departamento Rosario. Una locura que ya no da para más. "Estamos en presencia de la comisión de un delito, esto no es un chiste, esto es un delito que acarrea consecuencias, consecuencias penales y económicas", disparó sin vueltas Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio de Seguridad.

La funcionaria no se anduvo con rodeos y fue al hueso: "Como bien lamentablemente estamos acostumbrados los argentinos, de la única manera que reaccionamos y reflexionamos es cuando nos toca el bolsillo". Una frase que duele pero que refleja la realidad de un país donde parece que solo el dinero hace entender.

El protocolo publicado este martes establece siete pasos claros para cobrar estos operativos. Primero, el Ministerio Público de la Acusación debe identificar a los presuntos autores y a los adultos responsables. Después, la provincia calcula los costos operativos, que incluyen desde los recursos humanos hasta la participación de unidades especiales como la Brigada de Explosivos o la PDI.

¿Cómo funciona el cobro? Simple y directo. Una vez que tienen todos los datos, la Subsecretaría de Legal y Técnica manda una intimación de pago con un plazo de cinco días sin prórroga. Los implicados o sus responsables legales deben depositar la plata por transferencia bancaria. Si no pagan, la Fiscalía de Estado queda habilitada para avanzar con acciones legales.

La medida apunta específicamente a episodios de violencia, amenazas y comportamientos riesgosos tanto en escuelas como en otros espacios donde interactúan jóvenes. El Departamento de Operaciones de la Policía define el nivel de complejidad de cada caso -bajo, medio o alto- y detalla qué recursos se destinaron.

¿Era necesario llegar a esto? La respuesta está en los números: la ola de falsas amenazas se disparó en las últimas semanas y ya no hay presupuesto que aguante. Cada vez que suena una alarma, se movilizan decenas de efectivos, vehículos especiales, bomberos y hasta perros detectores de explosivos.

La provincia se reserva además la facultad de reclamar posteriormente por eventuales gastos adicionales o daños derivados del hecho. O sea, si el operativo genera otros costos, también van a la cuenta de los responsables.

Ahora queda ver si esta medida logra frenar la locura de las amenazas falsas. Porque una cosa es hacer una "broma" pensando que no pasa nada, y otra muy distinta es que papá y mamá tengan que pagar 6 millones de pesos por la gracia del pibe. A veces, lamentablemente, el bolsillo es el único maestro que enseña.

Con información de: Rosario3, La Capital.