Diputados de Santa Fe aprobó la ley de seguridad de Pullaro con 37 votos

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves, con modificaciones, el proyecto «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública» enviado por el Poder Ejecutivo provincial. La votación quedó en 37 votos a favor y 11 en contra, sin abstenciones, y el texto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Senadores para convertirse en ley.

La sesión llegó tras cinco meses de tensiones y una semana en la que el oficialismo no lograba reunir consensos. El acuerdo se cerró en la noche del miércoles, cuando radicalismo y socialismo, socios de la coalición gobernante, destrabaron sus diferencias sobre los artículos más sensibles.

El socialismo, con peso decisivo en la Cámara baja, había objetado los artículos que daban mayores facultades discrecionales a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación. Consideraba que varias disposiciones vulneraban garantías constitucionales y el debido proceso.

La UCR y el entorno del gobernador defendían dar más herramientas al Estado para combatir el narcotráfico y la violencia. Tras negociaciones hasta la noche previa, el oficialismo aceptó modificar la redacción de los puntos más conflictivos y el socialismo acompañó la votación en general, aunque con críticas al proceso.

La diputada socialista Lionella Cattalini reivindicó el resultado y dijo que el texto final es «mucho mejor de lo que envió el Ejecutivo». También rechazó las presiones que buscaban instalar que quienes se oponían a ciertos artículos estaban «a favor del delito».

El texto que llegó al recinto sufrió recortes sustanciales respecto del proyecto original enviado en mayo. Se eliminó la creación de las Zonas de Intervención Policial Especial, que habilitaban controles de acceso, requisas vehiculares y restricciones de circulación sin intervención directa de la Justicia.

También se descartó que la Policía tomara declaraciones a personas vinculadas a un hecho delictivo sin la asistencia de un abogado. En su lugar, se mantiene la «declaración informativa» ante el fiscal, con la advertencia de que lo dicho no podrá usarse como prueba de cargo si el imputado no contó con defensa técnica.

Entre lo que se mantuvo y generó controversia figura la facultad de realizar allanamientos excepcionales sin orden previa de un juez, aunque se incorporaron controles. Ahora se exige la intervención del fiscal y un control judicial posterior dentro de las 24 horas para los casos previstos en los incisos más críticos.

También se aprobó la posibilidad de juzgar a imputados que no se presenten, pero con autorización judicial, intervención de un defensor y registro audiovisual del proceso. Se mantiene además el aislamiento individual y la suspensión de visitas para internos considerados de máxima peligrosidad, con posibilidad de revisión judicial.

Por último, se conserva la herramienta que permite desalojar, demoler o bloquear propiedades utilizadas para actividades ilícitas, como búnkeres de drogas, aunque con instancias de revisión judicial. El tablero político dejó ver las costuras de la coalición y la posición de la oposición.

A favor votaron 37 diputados: el bloque oficialista de Unidos lo hizo en bloque, con la ausencia de Fabián Cejas, y se sumaron aliados como los bloques de Amalia Granata, Somos Vida, Juan José Piedrabuena, Edgardo Porfiri, Omar Paredes y Beatriz Brower.

En el peronismo, la única excepción fue Alejandra Rodenas, quien acompañó en general. La aprobación de la ley de seguridad en Diputados marca un paso clave para la gestión de Maximiliano Pullaro, aunque el debate final quedará en el Senado.