Proponen un Régimen de Alquiler Social en Rosario con un edificio decomisado como prueba piloto

El mercado inmobiliario rosarino sigue expulsando familias. Mientras los desarrollos en altura no paran de crecer, el acceso a una vivienda digna se vuelve cada vez más difícil para los sectores medios y bajos. Ahora, desde el Concejo Municipal, llega una propuesta concreta que intenta torcer esa lógica: la creación de un Régimen de Alquiler Social en la ciudad.

El proyecto fue presentado por el concejal Caruana, del bloque Frente Amplio por la Soberanía, y tiene un punto de partida que no es menor: propone usar como prueba piloto un edificio de tres pisos y 27 departamentos ubicado en Buenos Aires 1063, un inmueble decomisado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de una causa de fraude inmobiliario. Un bien que el Estado ya tiene en sus manos y que hoy está sin uso claro.

"El déficit habitacional de la ciudad no se ha podido resolver con el incremento de la superficie construida, cada vez se autorizan más desarrollos inmobiliarios pero ello no impacta en las posibilidades de acceso de los sectores de ingresos medios y bajos", señaló Caruana al fundamentar la iniciativa. La frase es incómoda pero difícil de rebatir: Rosario construye más que nunca, y sin embargo alquilar sigue siendo una odisea para una porción enorme de la población.

La propuesta es ambiciosa en su alcance. Establece que el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat sería la autoridad de aplicación, y fija como uno de sus objetivos centrales promover la utilización de inmuebles ociosos, decomisados, en situación de vacancia o subutilización. Dicho de otro modo: que el Estado active el stock de propiedades que ya tiene, en lugar de esperar que el mercado resuelva lo que el mercado claramente no está resolviendo.

¿Quiénes serían los beneficiarios? El proyecto es específico: inquilinos en riesgo de desalojo, personas mayores, familias monoparentales, hogares con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad habitacional. También contempla la creación de un sistema de garantías para ampliar la oferta de viviendas en alquiler, uno de los cuellos de botella históricos del mercado informal.

"El acceso a una vivienda adecuada no puede quedar exclusivamente sujeto a las reglas del mercado. El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas que permitan garantizar el derecho a la vivienda y la permanencia de las familias en la ciudad", escribió Caruana en los fundamentos del proyecto. Una postura que en otro momento hubiera generado más debate, pero que hoy, con los alquileres por las nubes y las listas de espera en los planes habitacionales desbordadas, suena a diagnóstico compartido por muchos.

El proyecto también plantea la conformación de una mesa de consulta permanente con la Universidad Nacional de Rosario, colegios profesionales, cooperativas de vivienda y organizaciones sociales. Un mecanismo de participación que, si funciona, podría darle sustentabilidad técnica y social a la iniciativa más allá de los vaivenes políticos.

La pregunta que queda flotando es la de siempre: ¿tiene voluntad política el Ejecutivo municipal para avanzar en algo así? El edificio de Buenos Aires 1063 es una oportunidad concreta, casi un regalo del destino para empezar. Si ese inmueble sigue vacío mientras familias rosarinas duermen en la calle o pagan alquileres que se llevan la mitad del sueldo, la responsabilidad ya no será solo del mercado.