Rosario: condenan a dos policías por armar causas para proteger a narcos

La Justicia rosarina condenó a dos policías de la Provincia de Santa Fe por armar causas penales falsas con el objetivo de encubrir y favorecer a una banda dedicada al narcomenudeo en el barrio Parque Casas. El fallo representa un nuevo capítulo en la larga historia de complicidad policial con el narcotráfico que azota a la ciudad, y que desde hace años reclama respuestas institucionales concretas.

Los hechos se remontan a enero del año pasado, cuando un consumidor se acercó a un puesto de venta de cocaína en el barrio. En ese momento irrumpieron los efectivos, y uno de ellos le apoyó un arma en la cabeza para forzarlo a revelar información: quién vendía, dónde había armas, dónde estaba la droga. Ante su negativa, lo golpearon, le pisaron las manos y lo detuvieron junto a una tía del vendedor, quien fue acusada falsamente de ejercer como dealer. Ambos fueron trasladados a la comisaría, donde los golpes continuaron.

La maniobra tenía una lógica perversa: los policías no buscaban desarticular la banda sino protegerla, fabricando imputados falsos para desviar la atención de los verdaderos responsables del puesto de venta. Este tipo de operatoria —conocida en el ambiente judicial como "armar causas"— implica detenciones ilegales, torturas y acusaciones inventadas, todo al servicio de quienes pagan por la protección policial.

El caso llegó a juicio y la condena fue dictada en los últimos días, aunque el tribunal no trascendió públicamente las penas exactas al momento del cierre de esta edición. Lo que sí quedó establecido es la responsabilidad penal de los dos efectivos por los delitos cometidos en perjuicio de las víctimas, personas que no tenían vinculación directa con la comercialización de estupefacientes y que fueron usadas como chivos expiatorios.

El barrio Parque Casas, ubicado en la zona noroeste de Rosario, es uno de los tantos sectores populares de la ciudad donde el narcomenudeo se instaló con fuerza en los últimos años, aprovechando la precariedad social y la falta de presencia estatal. En ese contexto, la complicidad de algunos uniformados no es un fenómeno aislado: distintas investigaciones judiciales han revelado redes de protección policial al narco que operan en múltiples barrios de la ciudad.

Desde el ámbito judicial rosarino se viene trabajando en el desmantelamiento de estas estructuras. La Fiscalía Regional y distintos juzgados han impulsado causas que apuntan no solo a los vendedores callejeros sino también a quienes los protegen desde adentro del Estado. La condena de estos dos policías es, en ese sentido, una señal de que la impunidad tiene límites, aunque los sectores más vulnerables —que son quienes padecen en carne propia tanto el narcotráfico como el gatillo fácil— saben que el camino es largo.

Las víctimas de este caso, un consumidor y una mujer mayor que nada tenía que ver con la venta de drogas, sufrieron golpes, humillaciones y una detención ilegal. Sus testimonios fueron centrales para sostener la acusación. Que el sistema judicial los haya escuchado y que la condena haya llegado es, para muchas organizaciones sociales del barrio, un paso necesario aunque insuficiente.

El fallo abre también interrogantes sobre la cadena de mandos: ¿actuaron solos estos dos efectivos o respondían a una estructura mayor? ¿Hubo superiores que conocían o avalaban la maniobra? Son preguntas que la investigación judicial deberá responder en las próximas etapas del proceso.