Condenaron a dos hombres por abuso sexual a una niña en Rosario

Lo que pasó en esa sala del tribunal este martes no debería sorprender a nadie, pero igual duele. Dos hombres fueron condenados por abusar sexualmente de una niña en Rosario durante casi un año: desde mayo de 2022 hasta abril de 2023. Once meses en los que una menor fue víctima de algo que ningún sistema judicial puede reparar del todo, por más condena que dicte.

El tribunal determinó penas distintas para cada imputado. Uno de ellos recibió dos años y ocho meses de prisión efectiva, lo que significa que irá a cumplir la condena detrás de las rejas. El otro fue sentenciado a un año de ejecución condicional, una pena que, en la práctica, no implica el encierro inmediato si se cumplen ciertas condiciones impuestas por el juez.

Y acá es donde vale detenerse. Porque cuando se trata de abuso sexual infantil, la diferencia entre una pena efectiva y una condicional no es un detalle técnico: es el mensaje que el sistema le manda a la sociedad. ¿Cuánto pesa realmente el daño causado a una niña cuando uno de los responsables puede seguir caminando por la calle?

Los hechos se desarrollaron en Rosario, la ciudad que en los últimos años ha concentrado buena parte de los debates sobre seguridad y justicia en la provincia de Santa Fe. El caso llegó a juicio luego de la investigación correspondiente, aunque los detalles sobre la identidad de los condenados y su vínculo con la víctima no fueron difundidos públicamente, una práctica habitual para proteger a la menor involucrada.

El abuso sexual infantil es una de las formas de violencia más subregistradas en Argentina. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, la mayoría de los casos ocurren en el entorno cercano a la víctima, y solo una fracción llega efectivamente a juicio. Que este caso haya llegado a condena es, en ese contexto, un resultado que no puede darse por sentado.

Sin embargo, la disparidad en las penas abre un interrogante legítimo sobre los criterios aplicados. La Justicia tiene sus tiempos, sus pruebas, sus matices. Pero las familias de las víctimas, y la sociedad en general, tienen derecho a entender por qué dos personas condenadas por los mismos hechos reciben consecuencias tan distintas.

Lo que queda claro, más allá de los tecnicismos jurídicos, es que una niña vivió algo que no debería haber vivido. Y que el Estado, tarde o temprano, tuvo que responder. Que esa respuesta sea suficiente, es otra discusión que Rosario —y el país entero— todavía tiene pendiente.