Condenaron en Rosario a la 'banda de los contadores': 40 mil facturas falsas y 2 mil millones en IVA

Lo que durante seis años pareció un circuito contable más del submundo fiscal argentino terminó esta semana con tres condenas en el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario. La llamada «banda de los contadores» generó casi 40 mil facturas electrónicas apócrifas y le sacó al Estado más de 1.800 millones de pesos en créditos fiscales por IVA que jamás correspondían. No fue un error contable ni una zona gris impositiva: fue una organización criminal con roles definidos, computadoras rastreadas y empresas fantasma armadas en serie.

El Tribunal Oral Federal 3, en la figura del juez Osvaldo Facciano, homologó el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron las defensas con el fiscal federal Federico Reynares Solari, a cargo del área de casos complejos de la Unidad Fiscal Rosario. El resultado: dos condenas a cuatro años de prisión y una tercera a tres años en suspenso más inhabilitación profesional.

Los condenados son Marcelo Fabián Frontini y Gabriel Oscar Acosta, quienes recibieron cuatro años de prisión por el delito de asociación ilícita tributaria bajo el artículo 15 inciso C de la ley 27.430. El tercer integrante, el contador público Guillermo Luis Pigozzi, fue considerado partícipe secundario: tres años de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para ejercer la contaduría. Una carrera profesional destruida por haber puesto su firma al servicio de una usina de fraude.

Los números del caso son difíciles de dimensionar. Entre el 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024, la organización emitió 39.195 comprobantes electrónicos a través de 150 empresas fantasma —las llamadas «usinas apócrifas»— por un monto neto que superó los 10.948 millones de pesos. Solo por esa vía, el crédito fiscal generado fraudulentamente alcanzó los 1.652 millones de pesos. A eso se suman otros 1.579 comprobantes manuales emitidos desde nueve usinas adicionales, que aportaron otros 166 millones de pesos en crédito fiscal apócrifo según los registros de ARCA —la ex AFIP—.

La organización operaba principalmente desde las localidades santafesinas de Casilda y Sanford, dos ciudades del sur provincial que difícilmente aparecen en los titulares de la justicia federal. Pero fue justamente desde allí que, usando un mismo IP particular, distintas personas jurídicas realizaban maniobras que terminaron llamando la atención de los investigadores. ¿Cómo no levantar sospechas cuando decenas de empresas distintas operan desde la misma dirección de internet?

La investigación combinó escuchas telefónicas con tareas de campo intensas. Los pesquisas lograron identificar las computadoras asociadas a los comprobantes, mapear los roles dentro de la organización y construir el caso que finalmente llegó a juicio. El decomiso ordenado por el juez Facciano incluyó un Audi A4, una Ford Ranger Limited, más de 1.3 millones de pesos en efectivo y múltiples dispositivos electrónicos de almacenamiento y comunicación.

Este tipo de maniobras —conocidas en el mundo tributario como «usinas de facturas»— no son nuevas en Argentina, pero la escala de este caso es notable. Ciento cincuenta empresas inexistentes, seis años de operatoria sostenida y un perjuicio fiscal que en términos reales equivale a lo que el Estado podría invertir en decenas de escuelas o centros de salud. El fraude al fisco no es un delito abstracto: es plata que no llega a ningún lado salvo al bolsillo de quienes arman el esquema.

La condena es un punto de llegada para la Justicia Federal rosarina, pero también debería ser una señal de alerta. Si una organización pudo operar durante seis años antes de ser desmantelada, la pregunta que queda flotando es cuántas usinas similares siguen funcionando hoy, en este momento, mientras alguien aprieta enter y genera otra factura que no existe.