Conflicto portuario en Santa Fe: el gobierno bajó 20% las tarifas y los prácticos levantaron el paro

El conflicto portuario que mantuvo en vilo a la economía argentina durante las últimas horas llegó a un acuerdo este martes: el gobierno nacional suspendió el decreto de desregulación del sector de prácticos y acordó una baja del 20% en las tarifas, lo que llevó a los trabajadores a levantar el paro que había paralizado la operatoria en los principales puertos del país.

La medida de fuerza había detenido el movimiento de granos y combustibles en puertos clave del litoral fluvial, incluyendo los terminales del Gran Rosario, que concentran más del 80% de las exportaciones agroindustriales de la Argentina. Cada día de paro en esa zona implica pérdidas millonarias en divisas para el país, un dato que el gobierno no podía ignorar.

Los prácticos náuticos son los profesionales habilitados para guiar embarcaciones de gran calado por los canales del Río Paraná y el Río de la Plata, una tarea de alta especialización técnica que no puede ser reemplazada de manera inmediata. El decreto que desencadenó el conflicto buscaba abrir la actividad a la competencia y romper el esquema tarifario vigente, en línea con la política de desregulación que impulsa el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.

Sin embargo, la respuesta del sector fue contundente: el paro dejó buques varados y generó una cadena de pérdidas que se extendió desde las terminales portuarias hasta las cerealeras y las refinadoras de combustible. La presión fue suficiente para que el Ejecutivo diera marcha atrás, al menos de manera transitoria, suspendiendo el decreto y sentándose a negociar.

El acuerdo final incluyó la reducción del 20% en las tarifas que cobran los prácticos por sus servicios, una concesión que el gobierno presentó como un resultado concreto de la negociación, aunque el sector logró preservar su esquema regulado de trabajo. La suspensión del decreto, en tanto, abre un período de revisión cuyo desenlace todavía es incierto.

El episodio expone una tensión recurrente en la agenda desreguladora del gobierno: la diferencia entre la velocidad con la que se anuncian las reformas y la resistencia que encuentran en sectores con alto poder de daño económico. Los prácticos, un gremio pequeño en número pero estratégico en función, demostraron que pueden paralizar una arteria vital del comercio exterior argentino en cuestión de horas.

Para Rosario y la región, el conflicto tiene una dimensión directa. El cordón industrial que se extiende desde San Lorenzo hasta Villa Constitución es el principal complejo agroexportador del mundo, y cualquier interrupción en la navegabilidad del Paraná se traduce de inmediato en costos para productores, exportadores y, en última instancia, para las arcas del Estado en concepto de retenciones y divisas liquidadas.

El desenlace deja varias preguntas abiertas: si el gobierno retomará el camino de la desregulación del sector una vez que baje la tensión, qué pasará con el decreto suspendido y si la baja tarifaria acordada será suficiente para sostener la paz social en los puertos en el mediano plazo.