Paro portuario en Rosario: el Gobierno amenaza con sanciones y el conflicto escala

Las terminales portuarias de Rosario y el resto del país llevan días sin mover un solo buque. Y en vez de llamar a negociar, el Gobierno nacional eligió el camino de la amenaza.

Este martes al mediodía, el vocero presidencial Adrián Ravier salió ante los cronistas en Casa Rosada y lanzó una frase que no deja mucho lugar a la interpretación: «No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir». Así de simple. Así de tajante. Sin precisar encuadre legal, sin hablar de conciliación obligatoria, sin tender ningún puente hacia los trabajadores.

El detonante de todo esto es el Decreto 690/2026, firmado por el presidente y publicado sin previo aviso, que derogó de un plumazo el reglamento que regulaba la actividad portuaria desde 1991. Treinta y cinco años de marco normativo, borrados con una firma. La respuesta de los gremios fue inmediata: paro total.

El sector más crítico en este conflicto es el de los llamados «prácticos», profesionales altamente calificados que guían a los buques de gran porte en las maniobras de ingreso, egreso y amarre en las terminales fluviales. Sin ellos, por razones estrictas de seguridad, no entra ni sale ningún barco. Y en un país donde el 80% de las exportaciones agroindustriales salen por el corredor fluvial del Paraná, eso no es un detalle menor: es el corazón de la economía exportadora paralizado.

El argumento oficial para justificar la desregulación es el de siempre: bajar el costo argentino, abrir la competencia, permitir que ingresen nuevos operadores con precios más bajos. Ravier lo explicó sin rodeos: «El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia. Se busca permitir que puedan entrar nuevos jugadores al sector portuario». Suena razonable en el PowerPoint. El problema es cómo se hizo.

Porque el propio vocero admitió algo que debería generar más ruido del que generó: la desregulación «es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso», pero el Ejecutivo usó el decreto para «adelantar los tiempos». Traducido al castellano: se saltearon al Parlamento porque les parecía más rápido. ¿Eso es gobernar o es improvisar con poder?

Desde los gremios portuarios, la lectura es otra. Sostienen que abrir la actividad a operadores externos sin certificaciones locales no es modernización sino precarización encubierta. Que la seguridad en las vías navegables no es un costo a reducir sino una condición innegociable. Y que detrás de la retórica de la competitividad hay un intento de desmantelar décadas de regulación que protegen tanto a los trabajadores como a la soberanía sobre el control fluvial del Paraná.

Lo que llama la atención, y mucho, es la ausencia de cualquier gesto de diálogo por parte del Ejecutivo. En un conflicto de esta magnitud —con las principales terminales de exportación del país paralizadas— lo esperable sería una convocatoria urgente a paritarias o al menos una conciliación obligatoria. En cambio, la respuesta oficial fue anunciar represalias contra trabajadores que están ejerciendo un derecho constitucional.

El conflicto portuario no es solo un problema gremial. Es un termómetro de cómo esta gestión entiende la relación entre el Estado, el capital y el trabajo. Y lo que marca ese termómetro, hoy, es fiebre alta.