Correo Argentino: cierran 300 sucursales y despiden 7.000 empleados en todo el país

El Correo Argentino está en el ojo de la tormenta. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) denunció esta semana un proceso de ajuste profundo que incluye cierre masivo de sucursales, reducción de personal y paritarias trabadas. El gremio lo llama "vaciamiento". Desde una perspectiva de eficiencia del Estado, podría llamarse también racionalización de una empresa que durante décadas funcionó como caja de empleo político.

Los números son contundentes: 300 sucursales cerradas hasta el momento, con un objetivo de llegar a 900 oficinas en total. La planta de personal cayó de 18.000 a 11.000 empleados, con más de 7.000 trabajadores que se fueron entre retiros voluntarios y desvinculaciones. Así lo confirmó Alberto Cejas, secretario general de FOECYT, en declaraciones a Radio 750.

Las provincias más golpeadas por los cierres son San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero, aunque el fenómeno se replica en todo el territorio nacional. En la Patagonia, el impacto es especialmente visible: en Villa Manzano, Neuquén, el intendente Daniel Hernández cuestionó públicamente la decisión y reveló que el municipio había ofrecido sostener el funcionamiento de la oficina sin costo para la empresa. La respuesta fue el cierre igual. Hoy los vecinos deben recorrer 60 kilómetros para acceder a la sucursal más cercana. Situaciones similares se registraron en Cervantes y Mainqué en Río Negro, y en Senillosa, también en Neuquén.

La empresa responde con un modelo alternativo: los "Puntos Correo", franquicias instaladas en comercios privados que, según la compañía, mantienen la prestación del servicio con mayor flexibilidad. El gremio los rechaza de plano y sostiene que no reemplazan la totalidad de los servicios que brindaban las sucursales tradicionales. La discusión de fondo es si el Estado debe sostener una red postal deficitaria en cada rincón del país o si la lógica de mercado puede hacer ese trabajo más eficientemente.

En el frente salarial, la situación es igualmente tensa. El salario básico pasó de $700.000 a $734.000 con la última actualización, con un ingreso promedio que ronda los $900.000 pesos. Cejas aclaró que ese promedio está inflado por los sueldos de la estructura gerencial, y reclamó la reapertura de las paritarias. La empresa ofreció un incremento del 6,6%; el gremio exige el 15%. La brecha es amplia y la negociación está estancada.

El dirigente también apuntó contra lo que denominó "desmanejo" gerencial y cuestionó la estructura jerárquica de la empresa, donde los salarios de los funcionarios distorsionan el promedio que la compañía presenta públicamente. Es el clásico problema del Estado empresario: capas y capas de burocracia que consumen recursos sin agregar valor.

Un dato que el gremio no puede ignorar: en diciembre pasado, Correo Argentino incorporó 240 equipos robotizados con inteligencia artificial para la clasificación automática de paquetería. FOECYT lo vincula directamente con el proceso de modernización previo a una eventual privatización. La automatización reemplaza trabajo humano, sí. También lo hace en cualquier empresa privada del mundo que quiera sobrevivir en el siglo XXI.

Cejas también expresó preocupación por el rol del Correo en los procesos electorales, donde la empresa cumple funciones logísticas clave. Si la red de sucursales se reduce drásticamente, la organización de futuras elecciones podría verse comprometida. Es, quizás, el argumento más sólido para exigir que el proceso de transformación se haga con planificación y no a los tumbos.

El debate de fondo es inevitable: ¿cuánto le cuesta a los argentinos sostener una empresa postal estatal sobredimensionada? ¿Cuántos de esos 18.000 empleados respondían a necesidades reales del servicio y cuántos a la lógica del empleo público como amortiguador social? Las respuestas incomodan a la política tradicional, pero los números no mienten.