Causa Cuadernos: testigos de ARCA expusieron las maniobras de Roggio y Wagner en el juicio oral

Cheques consecutivos cobrados en efectivo por ventanilla, siempre con el mismo cajero y en el mismo banco. Montos que no coincidían con los registros contables. Dinero que, una vez retirado, desaparecía de cualquier rastro formal. Eso es lo que encontraron los funcionarios del ARCA —ex AFIP— cuando la justicia les ordenó fiscalizar a los empresarios acusados de pagar sobornos durante los gobiernos kirchneristas. Este jueves, en el marco del juicio oral de la causa Cuadernos, esos hallazgos quedaron expuestos ante el Tribunal Oral Federal 7.

El testigo clave de la jornada fue Enrique Bejarano, administrador tributario de ARCA, quien declaró ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Fue interrogado por el fiscal auxiliar Nicolás Codromaz, quien le pidió que relatara los resultados de las fiscalizaciones ordenadas judicialmente sobre un extenso listado de compañías y directivos. Muchos de esos nombres llegaron al expediente gracias a las confesiones del financista Ernesto Clarens, quien se convirtió en imputado colaborador.

"A mí me asignaron el grupo Roggio, para determinar si había financiamiento espurio por parte de ese holding", declaró Bejarano ante el tribunal. Lo que encontró no fue menor: retiros de efectivo por ventanilla con cheques consecutivos, operados siempre con el mismo cajero en el Banco Macro, que derivaron en un informe confeccionado por la AFIP en 2018. El dato más inquietante: cuando cruzaron esos retiros con los asientos contables de caja de la empresa, los números no cerraban. "Era muy inferior a lo extraído", precisó el funcionario. La pregunta que quedó flotando en la sala es la misma que se hacen los investigadores desde hace años: ¿a dónde fue ese dinero?

El caso de Aldo Benito Roggio es uno de los más resonantes entre los imputados colaboradores. El empresario, ex presidente de BRH, aportó su confesión describiendo las presiones que recibía del gobierno kirchnerista para pagar sobornos. "Nunca pretendí torcer la voluntad de algún funcionario público", sostuvo en su declaración, aunque reconoció haber operado bajo lo que definió como "una gestión de gobierno de neto corte autoritario". La tesis de la defensa —que pagó bajo coacción— choca con la del Ministerio Público Fiscal, que sostiene que los empresarios fueron beneficiarios de la maniobra de corrupción, no meras víctimas.

El mismo esquema de análisis se aplicó al caso de Carlos Wagner, otro de los empresarios imputados colaboradores en el expediente. Ambos forman parte de lo que la acusación describe como la participación del sector privado en "la principal organización criminal" de las últimas décadas en Argentina, dedicada a la recaudación sistemática de fondos ilegales que en algunos casos derivaron en operaciones de lavado de dinero dentro y fuera del país.

El debate oral arrancó el 6 de noviembre del año pasado y abarca una constelación de causas conexas: coimas en la importación de gas licuado, concesiones de peajes, subsidios a empresas de colectivos y trenes, cartelización de obra pública y lavado de activos en el exterior atribuido al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. En el centro de todo, Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba esas coimas de manera sistemática entre contratistas y concesionarios del Estado.

Lo que este jueves quedó claro es que la investigación no se quedó en los cuadernos manuscritos del chofer Oscar Centeno: tuvo un correlato financiero concreto, rastreable en los libros contables de las empresas. El dinero entró, el dinero salió, y entre esos dos momentos hay un agujero negro que los fiscales quieren iluminar ante el tribunal. La pregunta es si los jueces van a ver lo mismo que los auditores del ARCA vieron hace ocho años.