Rosario: decomisaron edificio de 27 departamentos ligado a megaestafa inmobiliaria

El gobierno de la provincia de Santa Fe ejecutó este miércoles el decomiso de un edificio de tres pisos y 27 departamentos ubicado en Buenos Aires al 1000, en el corazón del microcentro rosarino. El inmueble pertenecía al imputado Leandro Pérez, uno de los involucrados en la causa judicial conocida como la megaestafa inmobiliaria, y generaba ingresos ilícitos de hasta 20 millones de pesos por mes a través de alquileres temporarios.

El operativo fue encabezado por el secretario de Gestión en Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, y el secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini. Ambos funcionarios del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro coordinaron la toma de posesión del edificio tras notificar a los inquilinos con más de un mes de anticipación. Según explicó Figueroa Escauriza, los ocupantes alquilaban en modalidad mensual o incluso quincenal, una dinámica que el Estado provincial identificó como una maniobra deliberada para seguir recaudando dinero ilícito.

Sin embargo, el operativo no estuvo exento de tensión. La noche previa al decomiso, más de 15 personas ingresaron violentamente al edificio, forzando puertas y barrotes con el objetivo de usurpar las instalaciones. "Por incentivo de que no sabemos todavía quién, ya nos vamos a enterar, vinieron más de 15 personas anoche que se metieron a las habitaciones, barroteando las puertas para poder usurpar la propiedad", describió Figueroa Escauriza. Todos fueron desalojados antes de que el operativo oficial tomara control del inmueble.

El funcionario fue contundente respecto a las motivaciones detrás del intento de usurpación: "Toda esa gente que vino de muy mala fe a querer usurpar la propiedad fue desalojada", para evitar que el edificio se convirtiera en un "aguantadero en pleno microcentro". Escauriza también advirtió que este tipo de reacciones son previsibles "cuando tocamos la plata de los delincuentes".

El secretario Angelini amplió el marco político de la acción, enmarcándola en una estrategia integral del gobierno provincial para desfinanciar a las organizaciones delictivas. "Vamos tras toda la cadena que cometen delitos. Desde aquel que vende en la calle, narcomenudeo, desde aquel que distribuye, del que tiene el búnker, del que tiene el arma de fuego, el que comete violencia lesiva, pero también de los delincuentes de guantes blancos, de los delincuentes que avanzaron y se enriquecieron muchísimo en todos estos años", enfatizó el funcionario.

La lógica es clara desde el punto de vista de la gestión: cortar el flujo de caja de las organizaciones criminales es tan eficaz como la detención de sus integrantes. Cada día que el edificio seguía operando bajo administración ilícita representaba dinero que engrosaba las arcas del delito. El decomiso y la posterior subasta son, en ese sentido, una herramienta de política criminal con impacto económico directo.

Respecto al destino del inmueble, las autoridades ya tienen un plan definido. Tras completar el desalojo y realizar un relevamiento exhaustivo de las condiciones edilicias, el edificio será cerrado y preparado para su subasta pública, prevista para marzo o abril de 2027. Los fondos obtenidos, en el marco de la normativa de extinción de dominio, deberían reingresar al Estado provincial.

La causa de la megaestafa inmobiliaria involucra a una red que habría defraudado a numerosas personas en operaciones de compraventa de propiedades en Rosario y la región, acumulando bienes que ahora el Estado busca recuperar para el patrimonio público.