El Salvador: menores de 12 años podrán recibir cadena perpetua por delitos graves
El presidente Nayib Bukele sancionó reformas constitucionales que permiten aplicar cadena perpetua a menores desde los 12 años por homicidio, femicidio, violación y pertenencia a pandillas. La medida genera debate sobre derechos humanos y justicia penal juvenil.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó reformas constitucionales que marcan un punto de inflexión en la justicia penal juvenil del país centroamericano. Según informó La Capital, las modificaciones permiten aplicar cadena perpetua tanto a menores como adultos que hayan cometido delitos de homicidio, femicidio, violación y pertenencia a pandillas.
La medida establece que niños desde los 12 años de edad podrán enfrentar la máxima pena contemplada en el sistema judicial salvadoreño. Esta decisión se enmarca en la política de "mano dura" que caracteriza la gestión de Bukele, quien ha mantenido altos niveles de popularidad en su país pese a las críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos.
El mandatario salvadoreño, que asumió su segundo período en junio de 2024 tras una controvertida reelección, ha convertido la lucha contra las pandillas en el eje central de su administración. Su gobierno implementó un régimen de excepción desde marzo de 2022 que ha resultado en la detención de más de 80.000 personas, según organizaciones de derechos humanos.
Las reformas constitucionales aprobadas representan un endurecimiento sin precedentes del sistema penal juvenil en América Latina. Tradicionalmente, los sistemas de justicia de la región han privilegiado medidas de rehabilitación y reinserción social para menores infractores, siguiendo estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
La decisión de Bukele se produce en un contexto donde El Salvador ha logrado reducir significativamente sus índices de violencia. El país, que llegó a ser considerado uno de los más peligrosos del mundo con tasas de homicidio superiores a 100 por cada 100.000 habitantes, reportó en 2024 cifras históricamente bajas de criminalidad.
Sin embargo, organizaciones internacionales han expresado preocupación por el impacto de estas medidas en los derechos fundamentales de la infancia. La aplicación de cadena perpetua a menores contradice principios básicos del derecho penal juvenil, que establece que las penas deben tener un carácter educativo y orientarse hacia la reinserción social.