Abuso y golpiza en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: siete imputados

Lo que pasó en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe no se olvida fácil. Un cadete —alguien que eligió formarse para custodiar el orden— fue reducido, sometido y atacado por sus propios compañeros dentro del mismo establecimiento donde se supone que se forjan los valores de la institución. Una golpiza en manada y un abuso sexual: eso es lo que denuncia la víctima.

Según la información disponible, el ataque ocurrió en un vestuario de la escuela de formación penitenciaria. El cadete fue inmovilizado por varios de sus pares, golpeado e insultado, y luego sometido a un abuso sexual. El nivel de violencia y la cantidad de personas involucradas convierten este episodio en uno de los casos más graves de violencia institucional interna que se hayan conocido en el ámbito penitenciario santafesino en los últimos años.

Este martes la fiscal a cargo de la investigación entrevistará formalmente a la víctima. Tras esa instancia, la funcionaria judicial avanzará con la imputación de siete personas, todos presuntamente compañeros del cadete en la escuela de formación. El número no es menor: siete imputados implican una acción coordinada, no un hecho aislado o impulsivo.

¿Cómo es posible que algo así ocurra dentro de una institución del Estado, en un espacio de formación que debería garantizar la integridad de quienes ingresan a ella? La pregunta no es retórica. Es la que deberían estar respondiendo los responsables del Servicio Penitenciario y las autoridades del Ministerio de Justicia de la provincia. Porque si esto pasó en un vestuario, con varios involucrados, la pregunta obligada es: ¿nadie vio nada? ¿Nadie escuchó nada?

El caso expone una realidad que muchas veces se oculta detrás del uniforme: la violencia interna en las fuerzas de seguridad y penitenciarias. Las llamadas "novatadas" o prácticas de iniciación violenta no son una novedad en estos ámbitos, pero cuando escalan al nivel de un abuso sexual grupal, estamos ante un delito gravísimo que el sistema judicial tiene la obligación de perseguir con toda la fuerza de la ley.

La víctima, que tuvo el coraje de denunciar a pesar de la presión implícita que significa señalar a compañeros dentro de una institución cerrada y jerárquica, será escuchada este martes por la fiscal. Ese testimonio será clave para sostener las imputaciones y avanzar hacia un juicio que haga justicia.

El Servicio Penitenciario de Santa Fe tiene bajo su órbita la custodia de miles de personas privadas de libertad en toda la provincia. Que quienes se forman para ejercer esa función sean capaces de cometer un ataque de estas características entre sí habla de un problema cultural y disciplinario que va mucho más allá de este caso puntual. La institución tiene una deuda: explicar qué pasó, cómo lo permitió y qué va a hacer para que no vuelva a ocurrir.

Por ahora, la Justicia tiene la palabra. Y siete personas esperan ser imputadas por uno de los episodios más oscuros que se recuerden en la historia reciente del penitenciarismo santafesino.

Con información de: La Capital