Rosario: derriban el tercer búnker de la misma banda narco en un año

El gobierno de Santa Fe ejecutó este viernes 31 de julio el derribo de un búnker de venta de drogas ubicado en el barrio Stella Maris, en Rosario. Lo que distingue a esta operación del resto es su contexto: se trata de la tercera inactivación en menos de un año contra la misma banda narco, una cifra que refleja tanto la persistencia del Estado como la resiliencia de las organizaciones criminales para reconstituirse.

Según fuentes oficiales, las autoridades ya lograron identificar a una decena de presuntos integrantes de la organización, lo que sugiere que el trabajo de inteligencia criminal avanza en paralelo a los operativos de demolición. El dato es relevante: no se trata solo de tirar paredes, sino de mapear una red que, hasta ahora, demostró capacidad para reactivarse tras cada golpe.

El barrio Stella Maris, ubicado en la zona noroeste de Rosario, es una de las áreas que en los últimos años concentró focos de conflictividad vinculados al narcomenudeo. La presencia de búnkeres —puntos fijos de venta de estupefacientes, generalmente instalados en viviendas precarias o abandonadas— es uno de los indicadores más visibles del avance del narco retail en los barrios populares de la ciudad.

La política de derribo de búnkeres fue impulsada con fuerza por el gobierno provincial desde la gestión de Maximiliano Pullaro, quien asumió en diciembre de 2023 con la seguridad como eje central de su administración. La estrategia combina demoliciones, desalojos y causas judiciales con el objetivo de desarticular los puntos de venta y dificultar la logística de las bandas. Desde entonces, el número de búnkeres derribados en toda la provincia acumula decenas de casos.

Sin embargo, el hecho de que una misma banda haya reconstituido su operación tres veces en doce meses pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿alcanza con demoler si no hay detenciones efectivas y condenas firmes que desarticulen el núcleo de la organización? La identificación de los presuntos integrantes es un paso necesario, pero la eficacia real del sistema depende de que esa información se traduzca en causas judiciales sólidas.

Rosario acumula años de convivencia forzada con el narcotráfico minorista, un fenómeno que se retroalimenta con la pobreza estructural, la falta de oportunidades y la debilidad histórica del Estado en ciertos territorios. Las demoliciones son una señal de presencia estatal concreta y tienen un efecto disuasorio en el corto plazo, pero los especialistas en seguridad advierten que sin una estrategia integral —que incluya persecución penal efectiva, reinserción social y reducción de la demanda— el problema tiende a desplazarse antes que a resolverse.

Por ahora, el gobierno provincial suma un tercer derribo y una decena de identificados. El paso siguiente, el que definirá si esta ofensiva tiene impacto duradero, depende de la Justicia.