Imputabilidad desde los 14 años en Santa Fe: cómo se aplicará y la advertencia del ministro

A partir de la medianoche de este sábado, Argentina tiene un nuevo Régimen Penal Juvenil y la vida de miles de adolescentes en todo el país cambia de manera concreta: cualquier chico o chica de 14 años o más que cometa un delito puede ser juzgado y penado. La norma, aprobada por el Congreso el 27 de febrero, reduce de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. No es un debate abstracto. Es una realidad que arranca este fin de semana.

En Santa Fe, la implementación tiene nombre y apellido: el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, salió a explicar cómo se va a aplicar la ley y, de paso, a bajarle el precio a quienes esperan resultados inmediatos. "El efecto de la ley sobre la inseguridad no será automático", advirtió el funcionario en declaraciones a Radio 2. Dicho de otro modo: no esperen que el lunes a la mañana los índices delictivos se desplomen.

¿Cuándo se va a notar, entonces? Cococcioni fue preciso: "El principal disuasivo se va a ver cuando se empiece a aplicar y cuando veamos que en delitos de mediana gravedad para arriba, a lo mejor una persona de 14 o de 15 años que estaba acostumbrada a que se la llevaba de arriba, empieza a ser detenida, procesada y enjuiciada". La lógica es clara: el cambio cultural viene después del cambio legal, no antes.

La buena noticia para la Provincia es que Santa Fe no arranca de cero. Desde 2023 cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil estructurado bajo los principios del sistema acusatorio, el mismo que ya funciona para adultos. A eso se suma una ley de ejecución de la pena, sancionada en diciembre de ese año, con disposiciones aplicables a menores y pautas claras para su alojamiento. Los institutos juveniles ya están operativos. Cococcioni fue directo: "La mayoría de las cuestiones Santa Fe ya las tenía prácticamente resueltas".

El esquema que aplicará la Provincia es escalonado según la gravedad del delito. El nuevo régimen plantea dos grandes ramas: medidas alternativas y medidas privativas de la libertad. Las primeras no difieren demasiado de las que ya implementa la Secretaría de la Niñez. Las segundas quedan bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Dentro de las medidas privativas de la libertad, hay tres niveles. El más leve es la prisión domiciliaria, pensada para casos de menor gravedad. Le sigue un régimen de detención en centros especializados para adolescentes, separados de la población adulta, un punto que la ley nacional exige con claridad y que Santa Fe ya tiene contemplado en su infraestructura. El nivel más severo implica el encierro en institutos de máxima seguridad juvenil, reservado para los delitos más graves.

La pregunta que flota en el ambiente rosarino es inevitable: ¿alcanza esto para frenar la participación de menores en el crimen organizado? Rosario lleva años siendo el escenario donde chicos de 14, 15 y 16 años son reclutados por bandas narco precisamente porque la inimputabilidad los convertía en un escudo perfecto. La nueva ley cierra esa ventana legal, al menos en teoría. Lo que viene ahora es la prueba de fuego: si el sistema judicial, el penitenciario y el social tienen la capacidad real de sostener lo que la ley promete.

Cococcioni transmitió tranquilidad, pero la tranquilidad de un ministro no es lo mismo que la tranquilidad de un vecino de Rosario que ve cómo su barrio cambia de manos. El nuevo régimen es un paso. Si es el paso correcto, lo va a decir la realidad en los próximos meses, no los discursos de este sábado.

Con información de: La Capital, Rosario3.