Santa Fe aplica la imputabilidad desde los 14 años: tres niveles de detención y advertencia de Cococcioni

A partir de la medianoche de este sábado 6 de septiembre de 2026, entró en vigencia en todo el territorio nacional el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma más significativa al sistema de justicia para adolescentes en décadas. La norma, aprobada por el Congreso el 27 de febrero, reduce la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años: desde ahora, cualquier adolescente que haya cumplido esa edad al momento de cometer un delito puede ser juzgado y penado bajo un régimen especialmente diseñado para menores de 18.

En Santa Fe, la implementación estará a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia, conducido por Pablo Cococcioni, quien salió a explicar en detalle cómo se aplicará la normativa en la provincia y a poner paños fríos sobre las expectativas de impacto inmediato. El funcionario fue claro en Radio 2: "el efecto de la ley sobre la inseguridad no será automático", sino que dependerá de su implementación práctica en el territorio.

"El principal disuasivo se va a ver cuando se empiece a aplicar y cuando veamos que en delitos de mediana gravedad para arriba, a lo mejor una persona de 14 o 15 años que estaba acostumbrada o que socialmente estaba instalado que se la llevaba de arriba, empieza a ser detenida, procesada y enjuiciada", precisó Cococcioni. La advertencia es relevante en un contexto donde Rosario acumula años de debate sobre el rol de los menores en la cadena del crimen organizado.

Consultado sobre si la provincia está en condiciones de alojar a los adolescentes separados de los adultos —una exigencia central del nuevo régimen—, el ministro transmitió tranquilidad. Según afirmó, "la mayoría de las cuestiones Santa Fe ya las tenía prácticamente resueltas". Y no es una afirmación sin respaldo: la provincia cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil estructurado bajo los principios del sistema acusatorio, el mismo que ya funciona para adultos. A eso se suma una ley de ejecución de la pena sancionada en diciembre de ese año, con disposiciones aplicables de manera supletoria a menores, y los institutos juveniles que ya están en funcionamiento.

El nuevo régimen plantea dos grandes ramas de medidas: las alternativas a la privación de libertad —no muy distintas a las que ya implementa la Secretaría de la Niñez— y las medidas privativas de la libertad, que quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Dentro de las medidas privativas, el esquema santafesino contempla tres niveles escalonados según la gravedad del delito. El primero y menos restrictivo es la prisión domiciliaria, para la cual Cococcioni anticipó que se solicitará el uso de tobilleras electrónicas. El segundo escalón son los Establecimientos de Puertas Abiertas (ESPA), una institucionalización intermedia que no replica el régimen penitenciario sino que funciona con personal civil en un marco de mayor contención. El tercer nivel, reservado para los delitos más graves y violentos con perfiles criminológicos más complejos, son los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ): establecimientos de puertas cerradas, con un régimen similar al penitenciario, pero en instalaciones específicas para que los menores no compartan espacio con adultos.

La reforma llega en un momento de alta tensión en materia de seguridad en la región. Rosario fue durante años el laboratorio donde se hizo evidente que el sistema anterior tenía grietas: menores utilizados como mano de obra por el crimen organizado, sabiendo que la inimputabilidad los blindaba de consecuencias penales reales. Si la nueva ley logrará modificar esa lógica dependerá, como advirtió el propio Cococcioni, no de la norma en sí sino de cómo se aplique en el territorio.

Con informacion de: Rosario3, La Capital.