Destituyeron a un fiscal de Santa Fe por simular el robo de sus propios neumáticos

Lo que empezó con dos neumáticos terminó con una carrera judicial destruida. Este jueves, las cámaras de Diputados y Senadores de Santa Fe sesionaron en forma conjunta y resolvieron destituir al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros. El hombre que debía perseguir delitos terminó siendo removido de su cargo por haber simulado, presuntamente, el robo de dos cubiertas de su propio auto para cobrar el seguro.

La historia parece sacada de una comedia de enredos, pero sus consecuencias son bien reales. Rodríguez y Barros llevaba suspendido preventivamente desde noviembre del año pasado, cuando el proceso disciplinario se puso en marcha. Meses de investigación interna, expedientes, audiencias y finalmente el veredicto de la Legislatura: afuera. Un fiscal que acusaba a otros terminó siendo acusado por algo tan mundano como dos gomas de auto.

Pero el dato que más duele no es el caso en sí, sino lo que representa. Este es el décimo caso que sacude al MPA en los últimos tiempos. Diez. No uno, no dos: diez situaciones que pusieron bajo la lupa a funcionarios de un organismo que, en teoría, es la punta de lanza del sistema de justicia penal santafesino. El MPA fue creado precisamente para profesionalizar y transparentar la persecución penal en la provincia, separando la función acusatoria del poder político. Que acumule esta cantidad de escándalos internos es, cuanto menos, una señal de alarma que no se puede ignorar.

¿Cómo llegó un fiscal a creer que podía simular un robo y salir impune? La pregunta no es menor. Habla de una cultura institucional donde ciertos funcionarios se sienten por encima de las reglas que ellos mismos aplican a los demás. El mismo código que usan para imputar a un vecino por estafa, aparentemente no lo sienten como propio cuando se trata de sus propios actos.

San Jorge, la ciudad donde Rodríguez y Barros ejercía su función, es una localidad del centro-norte santafesino con algo más de 25.000 habitantes, cabecera del departamento San Martín. Una comunidad donde el fiscal de turno tiene un peso institucional enorme, donde su figura representa al Estado en los momentos más críticos de la vida de los vecinos. Que ese rol haya sido ocupado por alguien dispuesto a armar una causa falsa para cobrar un seguro es una traición doble: a la institución y a la comunidad que debía proteger.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe fue creado en 2014 como parte de la reforma del sistema procesal penal provincial, que pasó del modelo inquisitivo al acusatorio. Desde entonces, el organismo acumula tanto logros como controversias. La acumulación de diez casos disciplinarios graves en su historia reciente plantea una pregunta que la conducción del MPA tendrá que responder con hechos, no con comunicados: ¿hay un problema sistémico de selección y control de sus funcionarios, o son casos aislados que se magnifican?

La destitución de Rodríguez y Barros cierra un capítulo, pero abre otro. El daño a la credibilidad del organismo ya está hecho. Y en una provincia donde la seguridad y la justicia son temas que queman, cada escándalo en el MPA es munición para quienes desconfían del sistema. La Legislatura hizo lo que tenía que hacer. Ahora le toca al propio MPA explicar cómo llegó hasta acá y, sobre todo, cómo garantiza que no habrá un caso número once.