Preso y en el penal: el ex gobernador Urribarri pagará su condena por corrupción

Lo que durante años pareció imposible en la Argentina finalmente ocurrió: Sergio Daniel Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos, durmió el viernes en la Alcaidía de Paraná y este sábado fue trasladado a la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial para empezar a cumplir una condena de 8 años de prisión efectiva por corrupción. Sin escalas, sin domiciliaria, sin más chicanas. Adentro.

La historia de este caso arranca en el período 2010-2015, cuando Urribarri gobernaba Entre Ríos y, según acreditó la justicia, montó un esquema de desvío de fondos públicos a través de contratos de publicidad oficial simulados. La plata terminaba en empresas vinculadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien también fue condenado y trasladado al mismo penal. El tercer imputado es el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. En total, la causa acreditó 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico de más de 12 millones de pesos para la provincia.

La condena llegó en 2022, pero la maquinaria judicial argentina —con sus recursos, apelaciones y planteos interminables— le permitió a Urribarri seguir libre durante cuatro años más. Hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la última puerta disponible al rechazar el recurso pendiente. Con eso, la sentencia por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado quedó firme. No hay más instancias. No hay más tiempo.

¿Cuánto más puede durar este tipo de maniobra dilatoria en un país donde la impunidad de los poderosos es casi un deporte nacional? La respuesta, al menos en este caso, llegó este sábado a la mañana, cuando los tres condenados fueron puestos en un vehículo y llevados al penal.

Claro que los abogados defensores no se quedaron quietos. El letrado de Urribarri, Leopoldo Cappa, junto a los defensores de Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez, habían pedido al Tribunal de Paraná que sus clientes cumplieran la pena en prisión domiciliaria. El argumento más llamativo: un diagnóstico médico que indica que Urribarri «se encuentra cursando un cuadro de trastorno de estrés postraumático». La defensa también subrayó que el ex gobernador nunca eludió la acción de la justicia y siempre estuvo a disposición del proceso.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano rechazaron de plano ese planteo y pidieron «la inmediata detención y traslado» al penal. El tribunal les dio la razón. Ahora será la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, quien deberá resolver los nuevos planteos que sin duda presentará la defensa. Porque en esto también hay que ser honestos: la batalla legal no terminó con el traslado al penal.

Urribarri tiene 67 años y fue una figura central del peronismo entrerriano durante más de una década. Su detención efectiva marca un hito en una provincia donde, como en tantas otras, los funcionarios acostumbraban a salir airosos de las causas judiciales gracias a la demora del sistema. Esta vez no alcanzó.

Lo que queda pendiente es saber si la condena se cumplirá íntegramente o si algún planteo de la defensa —salud, edad, conducta— logrará modificar las condiciones de detención. Por ahora, el penal de Paraná tiene tres nuevos inquilinos con apellidos que hasta hace poco aparecían en los organigramas del poder provincial.