Santa Fe: Diputados debate paquete de seguridad con interna oficialista

La Cámara de Diputados de Santa Fe debate este jueves, desde las 10, el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La sesión fue convocada con tratamiento preferencial, pero el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe no logró el dictamen de comisiones el miércoles.

La demora se explica por diferencias entre radicales y socialistas sobre la reforma al Código Procesal Penal. El despacho se intentará firmar este jueves por la mañana, en un plenario previo a la sesión. Los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni estuvieron dos horas con los diputados del interbloque y ratificaron la redacción original.

Al retirarse, el Ejecutivo sostuvo que “El Poder Ejecutivo vino a respaldar el mensaje enviado en mayo” y que “Es lo que necesita el Poder Ejecutivo”. Desde el socialismo hay reparos por mayores facultades para las fuerzas de seguridad, mientras que el radicalismo ofrece alternativas de redacción. Para temprano del jueves está prevista una reunión antes de las convocatorias a comisiones.

El cronograma prevé, a las 10, un plenario de las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda para dos mensajes: la creación del sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos y la incorporación del artículo 21 bis a la ley N° 13014 de Servicio Público de la Defensa Penal. El Senado ya votó ambos temas, aunque sin el aval de la bancada justicialista.

Luego volverá a reunirse el plenario de Seguridad y de Asuntos Constitucionales para intentar dictaminar sobre el proyecto de “Herramientas para el Mejoramiento de la Seguridad Pública”. Ese tercer mensaje, el más resistido, apunta a modificar seis leyes vigentes, entre ellas nueve artículos del Código Procesal Penal. También propone modificar un artículo de la ley de Ejecución Penal, otro de la de Inteligencia, varios del sistema de recompensas y sendos artículos de la norma orgánica de la policía y del Código de Faltas.

Los puntos más cuestionados por opositores y abogados son los allanamientos sin autorización judicial, el cese del estado antijurídico y las medidas privativas de la libertad. Durante la ronda de consultas, la Corte Suprema provincial, el Ministerio Público de la Defensa, colegios de abogados y especialistas en derecho penal presentaron objeciones. El ministro Daniel Erbetta advirtió que el proyecto contiene “una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y, en general, con los estándares internacionales”.

La Defensora General, Estrella Moreno Robinson, también presentó un escrito con reparos institucionales. El gobernador respondió con dureza a quienes califican de inconstitucional el paquete. Tras un acto de ascensos del Servicio Penitenciario, Pullaro fue tajante: “Que estudien la Constitución” y agregó: “Yo no voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional”.

El mandatario provincial apuntó contra la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, a la que acusó de tener un solo objetivo: “defender a los delincuentes que hace tres años mandaban a matar, a extorsionar y les pagaban sus honorarios”. Volvió a instalar las expresiones “garantismo bobo” y “justicia ingenua”, y sostuvo que “durante mucho tiempo se romantizó el delito en Santa Fe y en la República Argentina”. Respecto de la Corte, minimizó: “Se está planteando medir algunas garantías y lo vamos a hacer”.