Rosario se moviliza contra el proyecto de Milei sobre discapacidad: "Es una pantalla"

La bronca crece en Rosario. Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad no se quedan calladas ante lo que consideran un nuevo ataque del gobierno de Milei. Este jueves a las 11 de la mañana se concentran en el Concejo Municipal para rechazar el proyecto "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez" que el Ejecutivo envió al Senado.

"Es una pantalla para terminar de destruir el sistema", disparó sin vueltas Carlos Scipione, presidente de la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad. Y no es para menos: después de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ahora quieren cambiar por completo la Ley de Emergencia en Discapacidad que ni siquiera aplicaron como corresponde.

El nuevo proyecto marca un giro radical. Ya no se trata de asistir, sino de fiscalizar y endurecer las condiciones de acceso. ¿El mensaje? Que hay "fraude" en las pensiones por invalidez. Una acusación que indigna a quienes conocen la realidad del sector desde adentro.

En Rosario, los transportistas de Atraes (Asociación de Transportes Especiales para personas con Discapacidad) ya participaron este miércoles de una marcha en Capital Federal hacia el Ministerio de Salud. Fueron a mostrar su rechazo a "la destrucción del sistema de pensiones". No estuvieron solos: las instituciones de Apridis (Asociación Provincial de Instituciones de Santa Fe) también se sumaron al reclamo.

La consigna que eligieron para la protesta de este jueves en el salón Puerto Argentino del Concejo no deja lugar a dudas: "La discapacidad no es el fraude, está siendo defraudada". Una frase que resume el sentimiento de un sector que viene siendo golpeado sistemáticamente.

"Apelamos al compromiso de nuestros representantes con el sector de la discapacidad", señalaron desde las organizaciones. Invitaron a todos los concejales rosarinos a acercarse para "mostrar el trabajo que realizamos, la situación que transitamos y las necesidades urgentes del sector".

¿Qué buscan exactamente? Que los ediles conozcan de primera mano una realidad que el gobierno nacional parece decidido a ignorar. Porque mientras desde Buenos Aires hablan de "fraude", en Rosario ven familias que luchan todos los días por acceder a servicios básicos que el Estado debería garantizar.

El timing del proyecto no es casual. Llega después de que la Justicia le ordenara al gobierno aplicar la ley de emergencia que sistemáticamente viene incumpliendo. En lugar de acatar los fallos, la respuesta es más ajuste y más restricciones.

La pregunta que flota en el ambiente es simple: ¿hasta cuándo van a permitir que se siga castigando a quienes más necesitan del Estado? La respuesta, al menos desde Rosario, parece clara: no van a quedarse de brazos cruzados.