Santa Fe rechaza la reforma de pensiones por discapacidad que afecta a un millón
El gobierno de Milei envió al Senado un proyecto que endurece el acceso a pensiones por invalidez y obliga a reempadronar a más de un millón de beneficiarios. La Universidad Nacional de Rosario se sumó al rechazo por considerarlo regresivo.
La Universidad Nacional de Rosario se sumó al rechazo generalizado contra el proyecto de ley que el gobierno de Javier Milei envió al Senado para reformar el sistema de pensiones por discapacidad. La iniciativa, bautizada como "Proyecto de Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", obliga a reempadronar a más de un millón de beneficiarios actuales y endurece significativamente los requisitos de acceso.
El antecedente de esta reforma se remonta al invierno de 2024, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni mostró con sorna una radiografía de la cola de un perro para denunciar supuestos fraudes en el otorgamiento de pensiones por invalidez. Esa imagen, que se viralizó como emblema de un Estado "descontrolado", fue posteriormente desmentida como pieza de propaganda para instalar sospechas sobre el sistema.
La propuesta modifica tres pilares normativos fundamentales: la Ley 13.478 de pensiones no contributivas, la Ley 24.901 del sistema de prestaciones básicas, y la Ley 27.793 de financiamiento extraordinario. El mensaje político que acompaña el texto es explícito: el Ejecutivo sostiene que el crecimiento del número de pensiones en las últimas dos décadas vuelve "inevitable" la sospecha sobre las condiciones en que fueron otorgados.
El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, quienes deberán volver a acreditar historia clínica, situación patrimonial, grupo familiar y condiciones de imposibilidad laboral. La ausencia de documentación o cualquier inconsistencia habilitará suspensiones preventivas y bajas del beneficio que no supera los $350.000 mensuales.
Una de las contradicciones más crueles del proyecto es que plantea incompatibilidad entre el cobro de una pensión y un empleo formal, obligando a elegir entre trabajar o conservar el beneficio. Esta dicotomía va contra el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a promover empleo en condiciones de igualdad.
La Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a las universidades públicas del país incluyendo la UNR, manifestó su "enérgico rechazo" al proyecto y advirtió que las medidas constituyen "un retroceso incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos".
Argentina adhirió en 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y posteriormente le otorgó jerarquía constitucional. Desde entonces, las personas con discapacidad dejaron de ser concebidas como objetos de asistencia para ser reconocidas como sujetos plenos de derecho. Este proyecto colisiona frontalmente con ese paradigma.
En un país donde el cupo laboral por discapacidad no llega a cumplirse, esta reforma estaría institucionalizando barreras más que derribarlas, contradiciendo el espíritu inclusivo que debería guiar las políticas públicas en esta materia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas personas deberán reempadronarse por esta reforma?
Más de un millón de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez deberán volver a acreditar su situación.
¿Qué pasa si alguien con pensión por discapacidad consigue trabajo?
El proyecto establece incompatibilidad entre cobrar la pensión y tener empleo formal, obligando a elegir entre trabajar o mantener el beneficio.