Santa Fe: mesa interlegislativa por discapacidad y proyecto para prorrogar la emergencia hasta 2027

La crisis que atraviesa el colectivo de la discapacidad en la Argentina tiene en Rosario uno de sus epicentros de respuesta legislativa. Este viernes, representantes de distintos espacios políticos y de los tres niveles del Estado —municipal, provincial y nacional— se reunieron en la ciudad para darle continuidad a la Mesa Interlegislativa por la Discapacidad, un espacio de articulación que busca trascender la grieta y construir respuestas concretas frente a una emergencia que, lejos de resolverse, se agrava.

Del encuentro participaron, por el Concejo Municipal de Rosario, los concejales Antonio Salinas, María José Poncino, Agustina Gareis, Lucas Raspall, Mariano Pullaro, Alicia Pino, Leonardo Caruana y Anahí Schibelbein. También estuvieron presentes los diputados provinciales Lucila De Ponti, Carlos Del Frade, Sonia Martorano y Verónica Baró Graf, y los diputados nacionales Caren Tepp, Germán Martínez y Esteban Paulón. La diversidad de bancadas representadas —desde el kirchnerismo hasta el socialismo y sectores del peronismo— fue, en sí misma, una señal política.

"El objetivo de este encuentro era parar la pelota, poder mirarnos a los ojos y traspasar las diferencias partidarias para trabajar sobre cuestiones concretas. No queríamos una reunión para la zaraza, sino un espacio para pensar proyectos transversales que puedan generar un impacto real", sostuvo el concejal Antonio Salinas, uno de los impulsores del espacio. La frase resume bien el espíritu de la jornada: en un momento de alta polarización política, el sector discapacidad logró lo que pocos temas consiguen, sentar en la misma mesa a legisladores que en otros debates se cruzan de vereda.

Los ejes de trabajo fueron los que cualquier familia con un integrante con discapacidad conoce de memoria: el atraso en los pagos de prestaciones, la situación crítica de centros de día, hogares, escuelas especiales y centros terapéuticos, y las dificultades que acumulan trabajadores, prestadores y familias. Son problemas que vienen de arrastre, agravados por la política de ajuste del gobierno nacional y por los recortes al ANDIS —la Agencia Nacional de Discapacidad— que en el último año generaron una ola de reclamos en todo el país.

Esta mesa tiene historia. Su antecedente directo fue una jornada pública realizada en 2025 y un primer encuentro convocado de urgencia cuando el gobierno de Javier Milei amenazó con vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad. En aquella oportunidad, la movilización social y la presión legislativa lograron sostener la norma. Ahora el desafío es renovarla.

Porque en paralelo al encuentro rosarino, este viernes se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa busca extender la vigencia de la Ley 27.793, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026. Sin prórroga, el sector quedaría sin una herramienta jurídica central para exigir respuestas al Estado.

"La Emergencia en Discapacidad fue una conquista de las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores, prestadores y organizaciones que se movilizaron en todo el país. No podemos permitir que esa conquista se pierda simplemente porque vence el plazo de la ley", afirmó la diputada nacional Caren Tepp, una de las impulsoras del proyecto. Y fue más allá: "Hoy más que nunca necesitamos contar con esta herramienta. Frente a una situación tan crítica, el Estado no puede correrse: tiene que garantizar derechos y dar respuestas concretas".

La Mesa Interlegislativa acordó continuar el trabajo conjunto y avanzar en iniciativas que permitan sostener la agenda de discapacidad en los distintos ámbitos legislativos. El desafío ahora es que este espacio no quede en una foto: que la articulación se traduzca en proyectos aprobados, en presupuestos ejecutados, en prestaciones pagadas en tiempo y forma. Eso, en la política argentina, siempre es lo más difícil.